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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Alto Tribunal de la capital de Ghana, Accra, ha rechazado una petición presentada para intentar forzar al presidente, Nana Akudo-Addo, a promulgar la controvertida ley aprobada en febrero para endurecer las condenas contra personas LGBTQ, tras las críticas suscitadas por la decisión del organismo legislativo.
El tribunal, presidido por Ellen Lordina Serwaa, ha afirmado que el tribunal no emitirá esta orden debido a que aún hay dos apelaciones en trámite en el Tribunal Supremo por presuntas violaciones de la Constitución por la aprobación de dicha legislación.
El parlamentario Rockson-Nelson Dafeamekpor, había solicitado al tribunal que forzara al Parlamento a presentar el proyecto de ley al presidente en siete días y que reclamara al mandatario que la firmara o trasladara al Parlamento su negativa a hacerlo, según ha informado el diario ghanés 'Daily Graphic'.
El propio Akufo-Addo afirmó en marzo que no promulgaría la ley hasta que el Supremo no se hubiera pronunciado sobre las apelaciones y afirmó ser consciente de la "considerable ansiedad generada en algunas sedes de la comunidad diplomática y entre algunos amigos de Ghana" por la aprobación del citado proyecto.
Previamente, el Ministerio de Finanzas pidió al presidente no ratificar la ley --que prohíbe la promoción, defensa y financiación de las actividades del colectivo LGTBQ-- afirmando que el país podría perder cerca de 3.800 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) en financiación del Banco Mundial durante los próximos cinco años.
La ley contempla condenas que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión para aquellos que se identifiquen como miembros del colectivo y penas desde los tres a los cinco años de cárcel para los promotores o patrocinadores de actividades del mismo.
Este proyecto de ley es, a pesar de todo, una versión suavizada del último borrador presentado en el Parlamento, que contemplaba penas de prisión más extensas e incluso una controvertida cláusula sobre terapias de reconversión. Ghana ya ilegalizó en el pasado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, penadas con una condena de hasta tres años de cárcel.
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