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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha afirmado este miércoles que ha aceptado las disculpas de la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, por sus declaraciones sobre la supuesta presencia del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el país andino, y ha agregado que ha dado "el asunto por superado".
Boric, no obstante, ha subrayado que su "deber" como presidente es "defender el nombre y la seriedad institucional de Chile en todas las instancias", y ha remarcado que su objetivo es promover la colaboración "permanente" entre Estados para combatir el crimen organizado transnacional.
"Si una autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el nuestro, lo que corresponde es que lo plantee vía diplomática, no por la prensa", ha criticado, a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
Estas declaraciones han tenido lugar después de que Bullrich informara de que había sostenido una conversación telefónica con la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, "con el propósito de transmitir disculpas con respecto a sus recientes declaraciones", aclarando que "dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis de la situación regional".
Asimismo, la titular argentina ha afirmado que estas declaraciones se enmarcan en "las responsabilidades inherentes a su cargo" y no se han realizado "con la intención de generar miedo o alamar en Chile". Por último, ha anunciado que mantendrá la próxima semana una reunión en Chile con Tohá y ha reafirmado su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones y la cooperación en materia de seguridad.
La polémica se desató a comienzos de semana después de que la citada ministra argentina asegurara que había algunas regiones extranjeras cercanas a territorio de Argentina --como Iquique, en el norte de Chile; la ciudad brasileña de Sao Paulo o en Perú-- en las que supuestamente había presencia de aliados de Hezbolá. Esta semana las autoridades chilenas han protestado formalmente ante el Gobierno argentino, tras asegurar que parece que el objetivo era "dañar la imagen" del país.
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