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MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)
El Ministerio Público ha solicitado penas que suman 81 años de prisión para dos mujeres y un hombre acusados de regentar tres pisos en la ciudad de Murcia donde, presuntamente, se ejercía la prostitución, así como de promover la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
El juicio tendrá lugar el miércoles 10 de abril, a las 9.30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, las dos encausadas, sin antecedentes penales en el momento de los hechos, ofrecían plazas en pisos ubicados en Murcia a mujeres extranjeras en situación irregular y sin recursos económicos para que ejercieran la prostitución.
A cambio, las acusadas se quedaban con un porcentaje de entre el 40% y el 60% del dinero que ganaban las víctimas con los clientes.
Además, controlaban en todo momento a las chicas, fijaban el cobro de las tarifas y gestionaban la disponibilidad que tenían durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por si algún hombre solicitaba sus servicios.
Una de las víctimas, cuñada de una de las procesadas, fue convencida por esta para viajar desde su país de origen con el fin de solventar su difícil situación económica y ayudar a su familia. Para ello, la encausada le aseguró que le había encontrado un empleo doméstico con el que ganaría mucho dinero.
Así, "movida por las falsas expectativas de trabajo ofertadas", la víctima viajó hasta España, aunque antes solicitó en su país un préstamo para pagarse el pasaje, de unos 790 euros, que esperaba poder devolver con su trabajo en España.
El Ministerio Público señala en su escrito que ambas investigadas aleccionaron a la víctima sobre el modo de entrar en el país en calidad de turista, burlando los requisitos legales de permanencia, y, para ello, le enviaron 1.000 euros que debían ser devueltos una vez llegara, reservándole asimismo una habitación de hotel en Madrid donde fingiría quedarse durante su estancia.
El 31 de octubre de 2019, la mujer llegó a España procedente de su país y fue recogida en el aeropuerto por ambas acusadas, junto a otras dos personas, para trasladarse después hasta el domicilio ocupado por ambas, en Murcia, donde permaneció 11 días.
Durante ese tiempo, las mujeres intentaron convencerla de que el servicio de limpieza que le habían ofertado no era rentable para ganar dinero y devolver el préstamo, y de que "lo mejor" era prostituirse.
La víctima, que no tenía dinero, contactó con una conocida en España que accedió a acogerla en su casa, marchándose del domicilio con lo puesto en un descuido de las acusadas, que la tenían en todo momento controlada.
Una vez a salvo, la mujer decidió volver a su país con el billete de vuelta que supuestamente le habían comprado, pero no pudo hacerlo ya que una de las enjuiciadas lo había anulado. Finalmente, una conocida de la víctima puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.
Con el mismo fin, una de las investigadas se puso en contacto con su sobrina, que se encontraba en su país de origen, y a la que había ayudado económicamente antes, y la convenció de que viajase a España para dedicarse al trabajo doméstico, según añade el escrito de acusación.
La sobrina, de unos 27 años en el momento de los hechos, recibió los billetes de avión, por valor de 800 euros, así como otros 1.000 euros con el fin de que "pudiera burlar las leyes de entrada y estancia legal en España", efectuándole asimismo una reserva en el mismo hotel de Madrid.
Una vez en Murcia, la víctima fue informada por su tía de que ella y su amiga se dedicaban a la prostitución, una profesión con la que "ganaría el suficiente dinero para mantenerse aquí y ayudar a su familia". Tras realizar algún esporádico trabajo de limpieza, la joven fue convencida y aceptó voluntariamente trabajar como prostituta.
La tía le facilitaba los clientes, fijaba las tarifas y controlaba las salidas de su sobrina, cobrando igualmente un porcentaje no determinado del que se lucraba, "aprovechándose de la situación precaria" de la joven en España.
Tras conocer la situación, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional inició una investigación que permitió corroborar que las acusadas no solo se dedicaban "libremente" a la prostitución, sino que, junto a un tercer acusado, regentaban un negocio dedicado a la explotación laboral de mujeres en tres pisos de Murcia.
Durante el registro policial en uno de los domicilios, los agentes encontraron a las dos acusadas y a otra mujer, también extranjera, que se dedicaba, bajo la supervisión y el control de las dos primeras, a la prostitución, por lo que ambas se llevaban un porcentaje.
También fue hallada documentación de varias mujeres, así como cocaína, agendas con anotaciones sobre servicios prestados, tarjetas, justificantes de envío de dinero y teléfonos móviles de los que se extrajeron conversaciones en los que los acusados facilitaban datos de clientes y precios a las víctimas.
Además, fueron localizados diversos anuncios en una página web donde el acusado fijaba las condiciones de la plaza que ofertaban en el piso, a razón de 40 euros para ellos y 60 euros para la chica, que debía tener disponibilidad plena todos los días de la semana para trabajar.
Fruto de la investigación se constató, asimismo, que, en ocasiones, dos de los enjuiciados "obligaban" a las mujeres a firmar ficticios contratos de arrendamiento de habitaciones con la intención de "simular el libre e independiente ejercicio de la profesión".
Tras la práctica de las diligencias, la Policía Nacional localizó a al menos cinco mujeres que habrían llevado a cabo el ejercicio de la prostitución en los pisos de los acusados, a los que acudieron porque los conocían y se encontraban en una "acuciante" situación económica.
El Ministerio Fiscal ha considerado que los hechos son constitutivos de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual; contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; prostitución; y contra la salud pública. Además, reclama, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 19.000 euros a las víctimas.
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