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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo Nacional de Transición (CNT), el Parlamento interino de Malí, ha aprobado dos proyectos de ley para conceder sendas amnistías a los responsables de los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por el ahora presidente de transición, el coronel Assimi Goita.
Así, tanto Goita como el resto de militares implicados en el derrocamiento de Ibrahim Boubacar Keita en agosto de 2020 como de Bah Ndaw, presidente de transición pactado tras la primera asonada, en mayo de 2021 no podrán ser juzgados por sus actos.
Ambos proyectos, que han sido aprobados con 99 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones en el CNT --dominado por los militares o figuras cercanas a la junta--, han sido defendidos por el ministro de Justicia, Mamadou Kassogué, según ha informado el portal maliense de noticias Maliweb.
El primero de ellos explica que las tensiones sociales y políticas derivadas de las legislativas de marzo de 2020 justificaron la asonada del Ejército en junio de ese año para derrocar a Keita y poner fin a las masivas movilizaciones en su contra en el país africano.
De esta forma, el texto recoge que "las infracciones cometidas en el territorio nacional en relación con la dimisión del presidente son amnistiadas". "La amnistía se aplica a los hechos que pueden ser objeto de sanciones disciplinarias" y "beneficia a oficiales, suboficiales, militares de todo rango y cualquier otra persona que haya dado apoyo o tuviera conocimiento de ello".
Por otra parte, el segundo proyecto de ley respalda esta misma amnistía para los implicados en el golpe de mayo, en el que fueron detenidos Ndaw y el entonces primer ministro, Moctar Ouane, ambos forzados a dimitir por el Ejército, lo que derivó en el ascenso al poder de Goita, quien hasta entonces era vicepresidente de transición.
Goita ha asegurado desde entonces que encabezará una transición que derivará en elecciones en febrero de 2022, la fecha fijada para el periodo de transición tras la asonada de agosto de 2020, con las que está previsto que la junta entregue el poder a las autoridades civiles para restaurar el marco constitucional en el país africano.
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