La próxima entrada en vigor de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (Ley de Informantes) va a suponer un verdadero reto para las PYMES españolas. La influencia decisiva en la forma de gestionar la información que tendrá la norma traerá importantes consecuencias en todo el tejido empresarial español.