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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso verá el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que prevé multas por infracción muy grave de entre 60.000 y 500.000 euros para restaurantes, bares y supermercados que tiren comida, al haberse aprobado este jueves su avocación, presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Popular.
El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó la norma, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que había sido enviado a las Cortes en la pasada legislatura y decayó por su disolución el 30 de mayo de 2023.
La nueva norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos. En el caso de la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones. Quedarán exceptuadas de la obligación de realizar estos convenios de donación las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2.
Según la Asociación Nacional de Alimentos (ANDAS), los bancos de alimentos pagan al año 3,5 millones de euros de IVA, al comprar alimentos para las personas más necesitadas, con las donaciones en metálico de los donantes particulares y de otras instituciones, un dinero que podrían utilizar en comprar más alimentos por lo que reclamaban eliminar el IVA a las donaciones de alimentos que hacen los ciudadanos. Sin embargo, en abril de 2023, el Congreso rechazó esta y otras enmiendas a la Ley, que quedaron pendientes de debatir en el Senado.
En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido pero que mantengan condiciones óptimas de consumo, que se transformarán en otros productos, como zumos o mermeladas. Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles. El proyecto de ley establece su fecha de entrada en vigor el 2 de enero de 2025.
LLEVARSE LAS SOBRAS SIN COSTE ADICIONAL O VENTA DE PRODUCTOS 'FEOS'
En cuanto a las empresas de hostelería, tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables. En caso de no cumplir esta medida, se enfrentan a una sanción de hasta 2.000 euros. No obstante, deberán cobrar por los envases de plásticos de un solo uso como establece la Ley de residuos 7/2022, de 8 de abril.
Asimismo, el proyecto de Ley establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio. Por ejemplo, contempla que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados "feos, imperfectos o poco estéticos", o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. En este sentido, prevé que el Gobierno adopte políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio, para lo que se llevarán a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente.
La nueva ley también establece la obligatoriedad para todos los agentes de la cadena alimentaria de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio, para que las empresas realicen un autodiagnóstico de sus procesos productivos.
PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
En cuanto al Gobierno, la norma contempla que deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general contra el desperdicio, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente se desperdician en el mundo unos 1.300 millones de toneladas anuales, un 30% de los alimentos que se producen. En España, durante 2022, los hogares españoles registraron un desperdicio de 1.170,45 millones de kilos o litros, un 6,1% menos en comparación con el año anterior y un descenso del 13,5% respecto a 2019, en prepandemia.
De este modo, en 2022, cada hogar español desperdició, de media, cerca de 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas. Los productos sin elaborar fueron los más desperdiciados aunque en 2022 el porcentaje cayó un 9% respecto a 2021. En cuanto a los platos cocinados, su desperdicio aumentó un 6,7% respecto a 2021. Fuera del hogar, el consumo alimentario aumentó un 6,1% en 2022 pero se produjo una reducción del desperdicio del 11,3%.
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