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MADRID, 26 (OTR/PRESS)El increíble vacío jurídico en el que se mueve en ciertos aspectos España hace que, a fecha de hoy, pueda discutirse en ámbitos oficiales si Quim Torra es o no president de la Generalitat, si es o no diputado en el Parlament de Catalunya. Y ese conflicto estallará este lunes, cuando el Legislativo catalán, que se ha convertido en una bomba de relojería, decidida si el molt honorable president sigue ocupando su escaño pese a las sentencias de la Junta Electoral Central, primero, y del Tribunal Supremo, después. Enorme conflicto institucional en una de las Comunidades Autónomas más señeras de España, sin que desde el Ejecutivo se escuchen voces acerca de lo que pueda o no ocurrir.
Es cierto que, como dicen no pocas voces, nuestro país carece de una legislación que defienda suficientemente al Estado ante los acontecimientos inéditos, inesperados hace tres años, que lo zarandean. Estamos ante una pasmosa situación: el Legislativo aún no ha comenzado a funcionar --el día 3 se inicia solemnemente la Legislatura, con la ausencia del grupo clave, Esquerra Republicana, de la Cámara Baja, como protesta ante la presencia allí del Rey--; el poder Judicial se agita en un mar de confusión, necesitado de una renovación que tardará en llegar. Y el Ejecutivo...
El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es, sin duda, el más débil que ha tenido la nación desde la restauración de la democracia: desde la designación de la nueva fiscal general del Estado hasta la llegada de Guaidó y los 'tropiezos venezolanos' del ministro Ábalos, pasando por el intento de 'reforma exprés' del Código Penal o el llamado 'pin parental', todo han sido polémicos agrias, algunas bien absurdas, en torno a un Gobierno que no lleva ni un mes funcionando.
En este marco tensionado, lo que ocurra esta semana en Cataluña es decisivo. Creo que me consta que el presidente Pedro Sánchez ignora a estas alturas por dónde va a salir Torra, si rebelándose y haciéndose fuerte en el Parlament --sostenido por la propia Esquerra, pese a las diferencias entre ERC y JxC--, huyendo hacia adelante convocando elecciones o allanándose a la inhabilitación que le ha prescrito ya sin recurso posible el Supremo. Posibilidad esta última que parece la más remota.
Creo que los propios negociadores de Esquerra con el Gobierno central carecen también de la suficiente información de por dónde saldrá Torra, aunque el presidente del Parlament, Roger Torrent, pertenece a la formación de Oriol Junqueras, que, desde Lledoners, calla y aguarda acontecimientos presuntamente favorables para él.
A todo esto, Europa sigue muy atentamente el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña, que puede vivir nuevos momentos de convulsión merced al enorme embrollo jurídico y político que afecta no solamente al equilibrio institucional catalán, sino a la gobernación del Estado y al papel que España juega en el Viejo Continente y en la UE. Un gran amigo, que ocupó un puesto destacado en las áreas gubernamentales catalanas, me pregunta, y se pregunta, constantemente: "¿Qué más tiene que ocurrir en Cataluña para que los propios catalanes, cada día más hartos del desgobierno en el que viven --este hartazgo se percibe en todos, secesionistas o no--, reaccionen?"
Y ¿cómo reaccionar cuando las instituciones han dejado de funcionar y el propio jefe del Govern, que debería ser el encargado de poner orden, es el pirómano que aviva todos los incendios? Yo creo que, en estas condiciones, la por otro lado sensata política de 'diálogo, diálogo, diálogo' del Gobierno central tiene que ajustarse a nuevos parámetros: me temo que ese acercamiento de Sánchez a Torra, que hace dos semanas pudo ser una idea aceptable, carecería ya de sentido.
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