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MADRID, 13 (OTR/PRESS) Que un juez ordene a la Policía que se incaute de los teléfonos móviles de los periodistas, y se registren sus ordenadores, en busca de cuáles son sus fuentes de información, es un disparate legal que atropella lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución y pisotea los acuerdos internacionales suscritos por España en orden a los derechos de los periodistas al secreto profesional. En Baleares se ha equivocado el fiscal y se ha equivocado el juez Miquel Florit, que fue quien ordenó las incautaciones y registros. Algo que sería admisible si hubiera de aclararse un secuestro, peligrara la vida de alguna persona o pudiera contribuir a la neutralización de un acto terrorista. Pero el turbio caso Cursach, de Baleares, es una embarrada mezcla de empresarios de la noche, policías, putas y políticos, y los periodistas se han limitado a dar información veraz. La desproporcionada orden del juez nos puede incitar a sospechar de tres cosas: que el juez se ha olvidado de las leyes vigentes y tiene mala memoria; que algún político poderoso influya para que no aparezca alguna información, o que el fiscal y el juez, aplicando lo del fin justifica los medios, hayan prevaricado. Repito lo que he escrito: "nos puede incitar a sospechar", porque de la misma manera que pido respeto para los periodistas nunca he acusado a nadie sin tener pruebas evidentes. Las evasiones de la fiscal general del Estado (nunca escribiré fiscala, como jamás he escrito fiscalo) parecen tan elusivas con el atropello como irresponsables. Declarar que la fiscalía y los jueces están a favor de la libertad de expresión y del secreto de las fuentes, después del avasallamiento, es como si el director de una empresa, donde un ejecutivo ha violado a una empleada, se limitara a decir que está a favor de la libertad sexual. Pueden rectificar o perseverar en el error. Pero ha sido un disparate.
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