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MADRID, 5 (OTR/PRESS) En el 38 aniversario de la Constitución Española vuelven a soplar vientos de reforma. Vientos suaves, que hablan de reformas puntuales por la vía más sencilla prevista en el propio texto constitucional, que necesitaría el apoyo de tres quintas partes del Congreso y del Senado. O vientos huracanados, que hablan de reforma "total", con mayoría "agravada", equivalente a las dos terceras partes en cada una de las Cámaras, amén de la disolución de las Cortes y el consabido referéndum.
A día de hoy, según fuentes seguras, ni Gobierno ni el PP tienen prisa por iniciar ninguna de esas dos vías. Las ven innecesarias porque no responden a una demanda real de los ciudadanos. En todo caso, consideran inoportuna pero posible la reforma parcial, mientras que ven imposible la total. No la permitirían, en base a sus mayorías en el Congreso y el Senado (absoluta, por tanto bloqueante, en la Cámara Alta).
Mariano Rajoy no está dispuesto a permitir que se abra un proceso constituyente. Frenará cualquier intento de cambiar esta Constitución por otra, aunque no se cierra a consensuar con otros partidos el estudio de reformas puntuales por la vía sencilla prevista en el propio texto constitucional (reforma parcial, con referéndum si lo piden al menos 35 diputados y sin disolución de las Cortes). En ningún caso se prestará a la reforma "total". Ni siquiera la "parcial" que, por afectar a la naturaleza del sistema, la forma de Estado, el dogma de la soberanía única e indivisible o el cuadro de derechos y libertades, también pasaría por disolver las Cortes.
En definitiva, que el Gobierno no dará pasos hacia la reforma. Incluso le ha pedido al PSOE que tampoco tenga prisa en hacerlo. Está por ver si los socialistas acceden a presentar por tercera vez (la primera fue en diciembre de 2014 y la segunda en octubre de 2015) una "propuesta de reforma parcial de la Constitución con el fin de modernizarla, revitalizarla y augurar que siga rigiendo con éxito nuestra convivencia en los próximos decenios", según el texto de la iniciativa presentada en el Congreso por el equipo de Pedro Sánchez el 28 de octubre de 2015.
Allí se proponía, entre otras cosas, conferir al Estado de las Autonomías un sentido federal "para garantizar un autogobierno territorial de calidad y un proyecto común e ilusionante para una España plural". La intención del PSOE es proponer la creación de una subcomisión parlamentaria que oriente los procesos de diálogo y negociación hacia el objetivo compartido de la reforma. Ya lo intentó en diciembre de 2014, pero la iniciativa quedó rechazada en la Mesa del Congreso, donde el PP tenía mayoría absoluta.
Puede que la fecunda complicidad política que en estos momentos reina entre el PP y el PSOE sea tan determinante como en aquella ocasión fue la mayoría absoluta del PP.
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