► La televisión según el PSOE

El programa electoral del Partido Popular, desde su publicación, ha sido protagonista de esta campaña. Lo primero, porque todas las encuestas pronostican que Mariano Rajoy será el nuevo presidente, lo cual lo convertiría en plan de gobierno más que en programa. Y lo segundo porque los socialistas lo han convertido en eje de su campaña. Es un buen momento para repasar qué dice sobre nuestra forma de ocio más extendida: la televisión.

En su apartado de “Nuevas tecnología para la modernización” aparecen las siguientes medidas:

“Estudiaremos la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria que estamos atravesando. Estableceremos legalmente techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos.Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.”

Estas palabras dejan bien clara la intención de cambiar la Ley del Tercer Canal de Televisión de 1983. En esta ley se definía un tercer canal de titularidad estatal que se otorgaba en régimen de concesión en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. En principio el objetivo fue crear un canal único con desconexiones territoriales, pero las Autonomías se adelantaron e hicieron de la concesión su competencia. El Partido Popular, si bien no descarta recuperar esa idea original de un solo canal con desconexiones, abre la puerta a otra nueva posibilidad que lleva desde hace tiempo sugiriendo: la privatización sistemática de los canales para mejorar su gestión.

En la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP,  se lleva tiempo hablando del tema. Antonio Beteta en su cargo de Consejero de Economía y Hacienda regional ya planteó este asunto, confirmado como propósito real por Ignacio González, vicepresidente del gobierno regional, a principios de este año. La única pregunta que suscita la “mejora de la gestión privada” es una: ¿por qué se va a gestionar mejor y se va a reducir el déficit por el mero hecho de ser privado? ¿los encargados de la administración de estas televisiones no son lo suficientemente profesionales o adecuadadecuados? Y si es así, ¿por qué no, sencillamente, se destituyen y se nombran otros mejores?

Además de esta medida, Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, anunció durante la jornada anual de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), celebrada este mismo mes de noviembre, que también se estudiaría la posibilidad de que las televisiones autonómicas adoptaran el modelo de TVE como canales sin publicidad. Dos opciones excluyentes entre sí a todas luces, pues si se privatiza es inviable un modelo sin publicidad y si mantienen su titularidad pública tendrían muy difícil mantener la pretensión de reducción del déficit eliminando una de sus vías de financiación. Naturalmente esta declaración tenía un condicionante: el foro donde se hacía era patrocinado por las televisiones privadas, las más interesadas en eliminar la publicidad de todas las televisiones públicas.

Este foro también fue testigo de otro anuncio para agradar al anfitrión de la jornada: la supresión del canon del 5% en ayudas al cine a las televisiones privadas y dejarlo sólo para TVE. Este canon obliga actualmente a todas las televisiones a invertir un 5% de sus ingresos en cine español y europeo siempre y cuando los canales emitan títulos cinematográficos antes de que transcurran siete años desde sus estreno. Y atención, hablamos de ingresos, no de beneficios, lo cual es una cifra mucho más elevada y que incluso puede ser considerada injusta. Lo curioso es que este canon fue instaurado en 1999 durante el gobierno del Partido Popular  para trasponer una directiva comunitaria. La situación ha cambiado y ahora son otros los intereses.

En el capítulo “Familia: primera sociedad del bienestar” del programa electoral se aclara:
“Fortaleceremos la lucha contra los delitos en internet, con especial atención a la protección de la infancia. Reduciremos la exposición de los niños a contenidos sexuales o violentos. Garantizaremos la protección de los menores en los medios audiovisuales, exigiendo el estricto cumplimiento de los horarios de protección infantil. Lucharemos para acabar con el marketing irresponsable dirigido a los niños.”

Sería un verdadero logro hacer cumplir este requisito que la Ley General de la Comunicación Audiovisual del 31 de marzo de 2010 ya incluía.Pero más aún formar por fin el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, cuya creación también perseguía dicha ley y que aún no se ha llevado a la práctica. Un consejo que tuviera realmente poder para regular y vigilar el sector. Así se protegería  tanto a los espectadores como a las empresas que intervienen y trabajan en la creación de contenidos, cultura y empleo. A pesar de que no se aclara nada concreto en este aspecto, algunos mantenemos la esperanza. Y es lo último que se pierde.