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Almudena Negro

Los internautas ganan la primera batalla, pero no la guerra

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El pasado martes, a eso de las 21:40 horas la red de redes estallaba en júbilo: acababa de ser tumbada la Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible conocida como “Ley Sinde”. Pese al intento de aprobación de la “ley de la patada en el router” mediante una fórmula pensada para leyes de amplio consenso y al retraso de la hora de la votación para negociar a la desesperada con los nacionalistas de CiU y PNV primero y con el PP después, el PSOE se quedó sólo en su sumisión ante los Estados Unidos de América. Zapatero de rodillas al paso de la bandera. Quién te ha visto y quién te ve, pimpollo.

Pequeña victoria de los internautas y mosqueo monumental de los artistas, que presionan a estas horas por tierra, mar y aire, cual embajador americano, a los partidos políticos. Hasta el normalmente moderado Alejandro Sanz, que tributa fuera de España, anda cargando contra los internautas. El PSOE, mientras, negocia desde el miércoles con el resto de grupos parlamentarios, empezando por el PP, sacar adelante la Ley Sinde, versión descafeinada, a su paso por el Senado. Desde Libertad 2.0 se había advertido ya la misma noche del martes: “lo volverán a intentar”. Así será.

Con todo, algo ha cambiado. La reacción de los ciudadanos, porque eso, querida Ángeles Caso, somos los internautas, la amplia movilización que tuvo lugar en la red, ha demostrado la fuerza de Internet, que es la fuerza de la sociedad civil. Una fuerza que no puede ser ignorada por los políticos, por mucho que no entiendan aún que la red es mucho más que un medio de comunicación tradicional. Es la forma de comunicarse entre personas del siglo XXI. Si lo ignoran serán, después de años de lucha, engullidos por el progreso. Ni más, ni menos.

El gobierno y sus socios ya no podrán sin dejarse demasiados pelos en la gatera, por mucho que Aldo Olcese amenace con pedir medidas más “agresivas” que pasan por la persecución del internauta y que medios de comunicación en manos de editores manipulen, introducir en la legislación la creación de la Sección Segunda. Más de uno, y les aseguro que tengo un par de nombres en mente, se ha quedado sin su puesto de “sheriff 2.0”.

Pero dejemos al comienzo clara una cosa: estoy a favor de los derechos de propiedad intelectual. Por el mismo motivo por el cual estoy a favor de la propiedad privada. Escribía ya en mayo de 1964 la rusa Ayn Rand que “las patentes y los derechos de autor son la implementación legal de la base de todos los derechos de propiedad: el derecho de un hombre sobre el producto de su mente”. Pero tan a favor de los derechos de autor estoy como en contra de los privilegios de carácter feudal otorgados por el Estado a un grupo de amiguetes o a entidades privadas. También, por supuesto, estoy en contra de la sustitución de los jueces por los políticos o de la censura previa.

Y, desde luego, exijo a esos que andan llamando “fascistas” o “piratas” (Marhuenda, director del diario “La Razón” parece creerlo y no quiero pensar que sacrifica el informar de la verdad a sus lectores en el altar de los intereses de la editorial Planeta) a quienes contra tales tropelías totalitarias nos rebelamos, que adapten sus obsoletos modelos de gestión de derechos de autor, sean artistas, editoriales o mediopensionistas, al siglo XXI. Hoy en día, por ejemplo, ya no son necesarias organizaciones como la SGAE o la que paga a Arcadi Espada. Gracias a las nuevas tecnologías, que toda esta tropa reaccionaria detesta, con un simple “clic” el autor podría cobrar sus derechos. Pero eso no interesa por eso de las redes clientelares, ¿verdad Teddy, no es cierto ZP? Además… ¡hay tantos jetas pastando en el pesebre!

Pero, ¿qué es la Sección Segunda que tanto revuelo e indignación ha levantado? Es una comisión cuyos miembros, una policía del pensamiento en la red, serían designados por el Ministerio de Cultura y que decidiría qué webs tienen derecho a existir y cuáles no, quedando los tribunales reservados a emitir órdenes de cierre sin poder entrar en el fondo de la cuestión. Posteriormente los internautas que vieran vulnerado su derecho a la libertad de expresión deberían de acudir, a su costa, ante la sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional. Es decir, la SS -gran nombre- es la comisión de la censura, el CAC hecho a medida de la red. Más claro aún: se conoce que el Ministerio tiene una lista negra con 150 páginas web que serían cerradas por los comisarios políticos. Pues bien, algunas de estas páginas fueron denunciadas ante la Justicia y los jueces dieron la razón… a los internautas. Resulta, entre otras cuestiones, que el intercambio de libros, discos o archivos sin ánimo de lucro no es delito. ¿O creen ustedes que cuando le prestan un libro a un amigo están delinquiendo gravísimamente?

Además, la jurisdicción contencioso-administrativa no pinta absolutamente nada en la resolución de pleitos entre particulares, cual es el caso de las entidades de gestión de derechos de autor y los ciudadanos, hasta ahora resueltos por los juzgados de lo civil o mercantil. Este intolerable y antidemocrático privilegio que el gobierno socialista pretendía introducir de tapadillo en una ley de economía, viene a ser algo así como si Sebastián le dice a Isidoro Álvarez (El Corte Inglés): “a partir de ahora cuando quieras llevar a los tribunales a los ciudadanos que creas han vulnerado tus derechos, no te preocupes. Lo haré yo por ti y con todas las prerrogativas de que dispone la Administración”. Magnífico, ¿eh?

Retirada la SS y dejando así como se corresponde a una democracia el cierre de webs sujeto a tutela judicial, quedarían aún importantes asuntos de la Ley Sinde por resolver. Por ejemplo, lo de los enlaces. Y es que no se puede pretender sin hacer el ridículo que el enlazar a una página que a su vez contenga enlaces a páginas de descargas ilegales sea motivo de clausura. ¿O quieren Rodríguez Zapatero, Miguel Bosé y Sinde cerrar Google? Capaces son.

¿Qué sucederá? Me temo que al final, como siempre, los de la casta parasitaria impondrán sus privilegios a una cada vez más hastiada ciudadanía.

Lo mejor de todo este asunto de la Ley Sinde es que ha obligado a todo el mundo a retratarse ante la sociedad. Y algunos, por acción u omisión, han salido muy feos en la foto.

Los internautas ganan la primera batalla, pero no la guerra

Almudena Negro
Almudena Negro
jueves, 23 de diciembre de 2010, 23:00 h (CET)
El pasado martes, a eso de las 21:40 horas la red de redes estallaba en júbilo: acababa de ser tumbada la Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible conocida como “Ley Sinde”. Pese al intento de aprobación de la “ley de la patada en el router” mediante una fórmula pensada para leyes de amplio consenso y al retraso de la hora de la votación para negociar a la desesperada con los nacionalistas de CiU y PNV primero y con el PP después, el PSOE se quedó sólo en su sumisión ante los Estados Unidos de América. Zapatero de rodillas al paso de la bandera. Quién te ha visto y quién te ve, pimpollo.

Pequeña victoria de los internautas y mosqueo monumental de los artistas, que presionan a estas horas por tierra, mar y aire, cual embajador americano, a los partidos políticos. Hasta el normalmente moderado Alejandro Sanz, que tributa fuera de España, anda cargando contra los internautas. El PSOE, mientras, negocia desde el miércoles con el resto de grupos parlamentarios, empezando por el PP, sacar adelante la Ley Sinde, versión descafeinada, a su paso por el Senado. Desde Libertad 2.0 se había advertido ya la misma noche del martes: “lo volverán a intentar”. Así será.

Con todo, algo ha cambiado. La reacción de los ciudadanos, porque eso, querida Ángeles Caso, somos los internautas, la amplia movilización que tuvo lugar en la red, ha demostrado la fuerza de Internet, que es la fuerza de la sociedad civil. Una fuerza que no puede ser ignorada por los políticos, por mucho que no entiendan aún que la red es mucho más que un medio de comunicación tradicional. Es la forma de comunicarse entre personas del siglo XXI. Si lo ignoran serán, después de años de lucha, engullidos por el progreso. Ni más, ni menos.

El gobierno y sus socios ya no podrán sin dejarse demasiados pelos en la gatera, por mucho que Aldo Olcese amenace con pedir medidas más “agresivas” que pasan por la persecución del internauta y que medios de comunicación en manos de editores manipulen, introducir en la legislación la creación de la Sección Segunda. Más de uno, y les aseguro que tengo un par de nombres en mente, se ha quedado sin su puesto de “sheriff 2.0”.

Pero dejemos al comienzo clara una cosa: estoy a favor de los derechos de propiedad intelectual. Por el mismo motivo por el cual estoy a favor de la propiedad privada. Escribía ya en mayo de 1964 la rusa Ayn Rand que “las patentes y los derechos de autor son la implementación legal de la base de todos los derechos de propiedad: el derecho de un hombre sobre el producto de su mente”. Pero tan a favor de los derechos de autor estoy como en contra de los privilegios de carácter feudal otorgados por el Estado a un grupo de amiguetes o a entidades privadas. También, por supuesto, estoy en contra de la sustitución de los jueces por los políticos o de la censura previa.

Y, desde luego, exijo a esos que andan llamando “fascistas” o “piratas” (Marhuenda, director del diario “La Razón” parece creerlo y no quiero pensar que sacrifica el informar de la verdad a sus lectores en el altar de los intereses de la editorial Planeta) a quienes contra tales tropelías totalitarias nos rebelamos, que adapten sus obsoletos modelos de gestión de derechos de autor, sean artistas, editoriales o mediopensionistas, al siglo XXI. Hoy en día, por ejemplo, ya no son necesarias organizaciones como la SGAE o la que paga a Arcadi Espada. Gracias a las nuevas tecnologías, que toda esta tropa reaccionaria detesta, con un simple “clic” el autor podría cobrar sus derechos. Pero eso no interesa por eso de las redes clientelares, ¿verdad Teddy, no es cierto ZP? Además… ¡hay tantos jetas pastando en el pesebre!

Pero, ¿qué es la Sección Segunda que tanto revuelo e indignación ha levantado? Es una comisión cuyos miembros, una policía del pensamiento en la red, serían designados por el Ministerio de Cultura y que decidiría qué webs tienen derecho a existir y cuáles no, quedando los tribunales reservados a emitir órdenes de cierre sin poder entrar en el fondo de la cuestión. Posteriormente los internautas que vieran vulnerado su derecho a la libertad de expresión deberían de acudir, a su costa, ante la sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional. Es decir, la SS -gran nombre- es la comisión de la censura, el CAC hecho a medida de la red. Más claro aún: se conoce que el Ministerio tiene una lista negra con 150 páginas web que serían cerradas por los comisarios políticos. Pues bien, algunas de estas páginas fueron denunciadas ante la Justicia y los jueces dieron la razón… a los internautas. Resulta, entre otras cuestiones, que el intercambio de libros, discos o archivos sin ánimo de lucro no es delito. ¿O creen ustedes que cuando le prestan un libro a un amigo están delinquiendo gravísimamente?

Además, la jurisdicción contencioso-administrativa no pinta absolutamente nada en la resolución de pleitos entre particulares, cual es el caso de las entidades de gestión de derechos de autor y los ciudadanos, hasta ahora resueltos por los juzgados de lo civil o mercantil. Este intolerable y antidemocrático privilegio que el gobierno socialista pretendía introducir de tapadillo en una ley de economía, viene a ser algo así como si Sebastián le dice a Isidoro Álvarez (El Corte Inglés): “a partir de ahora cuando quieras llevar a los tribunales a los ciudadanos que creas han vulnerado tus derechos, no te preocupes. Lo haré yo por ti y con todas las prerrogativas de que dispone la Administración”. Magnífico, ¿eh?

Retirada la SS y dejando así como se corresponde a una democracia el cierre de webs sujeto a tutela judicial, quedarían aún importantes asuntos de la Ley Sinde por resolver. Por ejemplo, lo de los enlaces. Y es que no se puede pretender sin hacer el ridículo que el enlazar a una página que a su vez contenga enlaces a páginas de descargas ilegales sea motivo de clausura. ¿O quieren Rodríguez Zapatero, Miguel Bosé y Sinde cerrar Google? Capaces son.

¿Qué sucederá? Me temo que al final, como siempre, los de la casta parasitaria impondrán sus privilegios a una cada vez más hastiada ciudadanía.

Lo mejor de todo este asunto de la Ley Sinde es que ha obligado a todo el mundo a retratarse ante la sociedad. Y algunos, por acción u omisión, han salido muy feos en la foto.

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