Reserva al gobierno la Constitución, para casos verdaderamente graves y excepcionales, la potestad de declarar los estados de alarma, excepción y sitio. Porque, convendrán conmigo en que eso de restringir derechos y libertades civiles, convertir a ciudadanos en militares por orden del ejecutivo y sin ser ratificada la decisión durante los primeros 15 días por el legislativo es algo muy grave. Tan grave que ni el 11 de marzo de 2004, cuando nos estaban matando, se planteó, si quieren restringido al personal sanitario y de protección civil. Pero, hay que fastidiarse, es la potestad que el autoritario gobierno del talante ha decidido utilizar para solventar el problema que ellos mismos habían creado con los controladores aéreos, a los que han sido incapaces, y sólo por eso deberían irse a su casa, de meter en cintura.

Que sí. Que se han pasado tres pueblos al provocar un cierre del espacio aéreo español que se traduce, fundamentalmente, en un grave daño para una economía ya muy maltrecha. Lo de la imagen de España me temo que ya no puede empeorar suceda lo que suceda. Despido fulminante y aplicación, si procede, del código penal. A ellos y a quienes actúen como ellos.

Que sí. Son unos privilegiados, y no por lo que ganan, que sólo es argumento para envidiosos, y, por tanto, para gran parte de España. Que ya se sabe que es el pecado nacional. Que sí. Que son una casta. Como tantos otros en este sistema del pilla-pilla y pelea entre bandas por el “me lo llevo” en que indefectiblemente deriva siempre el colectivismo, como tan magníficamente describiera Ayn Rand en “El Manantial”. Igual que los funcionarios de la educación, quienes también en su día organizaron huelgas salvajes. Como los sindicalistas oficiales y oficiosos. Como tantos y tantos otros.

Que sí. Que ya está bien de que las castas de privilegiados, ora los controladores, ora los pilotos, ora los de Metro de Madrid, ora los piquetes sindicales decidan tomar como rehenes a los ciudadanos. Es algo a lo que había que haber puesto coto hace ya mucho tiempo. Con una ley de huelga que castigara muy duramente este tipo de comportamientos. Con la modificación de la legislación laboral de forma que quien se comportase como estos señores pudiera ser despedido fulminantemente de forma procedente y en un procedimiento que resolviera la cuestión en un máximo de 72 horas. No se ha hecho en 30 años. Por cobardía de los unos y complicidad de los otros.

Que sí. Que es una barbaridad que las administraciones puedan saltarse las leyes, es decir, cargarse el Estado de Derecho, cada vez que se les antoja o la cosa se les pone complicada. Los señores controladores, como los empleados de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid, están sujetos a convenio colectivo. Convenio que según nuestra nefasta legislación en vigor está por encima de los decretos gubernamentales. Negóciese. Y si no son capaces de negociar, respeten la ley mientras sea ley.

Que sí. Que es una barbaridad criminalizar al colectivo de los controladores que va a desaparecer manu militari. Habrá, digo yo, que escuchar sus argumentos, algunos de peso y muy preocupantes pero ninguno que justifique el cierre del espacio aéreo.

Pero con todo lo peor, lo que no resulta en ningún caso proporcionado es decretar el estado de alarma y, encima, pretender ampliarlo dos meses. ¿Ampliarlo? ¿Por qué? Pues porque se ha utilizado por primera vez en democracia un mecanismo excepcional para un caso que quizá no requería medida tan extrema, cuya constitucionalidad no pongo en duda, que, encima no arregla nada. 15 días trabajando bajo órdenes militares, algunos dicen que incluso bajo la amenaza de pistolas, embargos y detenciones como si el telón de acero hubiera caído el sábado sobre nuestro país, y luego… vuelta a las reivindicaciones, con ya casi nada que perder.

Estoy triste. Esta pasada semana se ha demostrado que la sociedad civil, lo de la democracia es un chiste cada vez más macabro, no existe en España. Porque la realidad es que a la inmensa mayoría, y la oposición callada o anunciando su apoyo al gobierno, le parece bien la brutal restricción de derechos y libertades impuesta por decreto y que ya se anuncia podría ampliarse meses. Pensando que no les afecta.

Y al final vinieron a por mí porque no quedaba nadie para defenderme. En eso estamos.