En febrero de 2002, Naciones Unidos ratificaba su veredicto de 1975, y una vez más reiteraba que el carácter del problema del Sahara Occidental es un asunto de descolonización, dejando claramente establecido que MARRUECOS NO TIENE SOBERANÍA sobre el Sahara Occidental.

Una vez más, según la ONU, Marruecos aparecía como una simple POTENCIA OCUPANTE, y por lo tanto su presencia en el Sahara Occidental es ilegal. En consecuencia, todos sus actos en el Sahara Occidental, incluida la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental como fosfatos, arena y pesca particularmente, son ilegales. Una vez más quedaba claro que a Marruecos no le está permitido explotar económicamente los recursos naturales del Sahara Occidental, ni obtener beneficios de ello porque se trata de un acto de expolio que va contra los deseos e intereses del pueblo saharaui. El Departamento Jurídico de Naciones Unidas, después de recordar el acuerdo mauritano-saharaui de agosto de 1979, y la extensión de la administración marroquí a esa parte del territorio saharaui, reafirmaba que, a pesar de todo esto, “Marruecos no figura en la lista de las potencias administradoras formulada por las Naciones Unidas”.

Es evidente que el Departamento Jurídico de la ONU, aun sin decirlo explícitamente, considera a día de hoy la presencia marroquí en el Sahara Occidental, como ilegal e inapropiada, calificación ya establecida por la Asamblea General de la ONU en sus resoluciones 34/37 y 35/19 c0orrespondientes a los años 1979 y 1980, respectivamente.

El Departamento Jurídico de Naciones Unidas, al abordar la cuestión específica de los contratos de exploración petrolífera firmados recientemente por Marruecos con dos compañías extranjeras, considera que “en este caso los contratos para la búsqueda y evaluación de la existencia de petróleo no suponen explotación o extracción física de recursos minerales y por ello no acarrean por ahora beneficios directos. Y si bien por ello no son de por si ilegales, podrían ser sin embargo una violación de la legalidad internacional si llegaran a desembocar en mayores actividades de exploración o explotación en detrimento de los intereses y aspiraciones del pueblo del Sahara Occidental”.

Con este dictamen entregado al Consejo de Seguridad en febrero de 2002, el Departamento Jurídico desestimaba las alegaciones y pretensiones marroquíes y, devolvía a España su papel de “potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental” hasta la resolución del conflicto, que pasa por la total emancipación e independencia del antiguo territorio bajo soberanía española conocido como Sáhara Occidental.

España, y no Marruecos, sigue siendo la “potencia administradora” del Sáhara Occidental según las resoluciones de Naciones Unidas de 2002. Ahora, si ejercitamos la memoria, veremos cuál fue la reacción de Rabat tras conocerse las resoluciones de la ONU que desautorizaban la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, y devolvían la administración del territorio a España.

En julio, unos meses después, Marruecos ocupaba el islote de Perejil para presentar a España como un país colonialista ante la comunidad internacional. Especialmente la musulmana. Pero el golpe de gracia lo dio Marruecos en marzo de 2004. Concretamente el día 11. Con esa acción, los servicios secretos marroquíes, a través de los pordioseros de Lavapiés, moros y cristianos, se aseguraron un cambio de Gobierno en España más favorable a sus intereses.

Una de las claves de todo este asunto, está en dilucidar qué misteriosas compañías “extranjeras” son las que han firmado esos preacuerdos con Rabat para la explotación de unos recursos petrolíferos que no le pertenecen, y que Repsol, interpretando que estaban en aguas jurisdiccionales españolas, pretendía explorar poco después de conocerse las resoluciones de 2002 de la ONU. ¿Cómo quedará el asunto ahora que, inexplicable y absurdamente, el Gobierno central ha transferido al Canario la jurisdicción de esas aguas territoriales?
Conviene no olvidar que otro de los puntos “calientes” en una hipotética negociación con el Frente Polisario, a propósito del establecimiento de un Estado saharaui, es que éste reconozca sin ambages la soberanía española sobre el archipiélago, y que tanto saharauis como marroquíes renuncien a cualquier reivindicación territorial o de soberanía sobre el archipiélago en su conjunto, o sobre cualquiera de las islas que lo integran. Por su parte, los canarios, si no desean verse en la situación de los saharauis en un futuro no muy lejano, lo que deberían hacer es apostar decididamente por su españolidad, en lugar de andar tonteando con un nacionalismo de opereta que, a lo mejor en Fuentealbilla no tiene más consecuencias, pero que en su caso podría suponer abrir la caja de Pandora con vistas a otro conflicto territorial con Marruecos, pero también con el Sáhara, en caso de alcanzar su independencia y constituirse en Estado.

Es previsible que Marruecos, ante la inacción de sus compinches socialistas, que de momento okupan La Moncloa, y la indolente opinión pública española, siga adelante con su ‘política de hechos consumados’ en el Sáhara. Por su parte, el Gobierno central se ha retirado del escenario, tras otra espantosa representación de los intereses de España, y ha dejado al Gobierno canario ‘sólo ante el peligro’ para que se las apañe con Marruecos. Cuando me refiero al “escenario” lo hago en el sentido literal del término, teniendo en cuenta que hablamos de un gobierno de pantomima compuesto por pésimos comediantes, saltimbanquis, tramoyistas y contrahechos que ya no nos divierten con sus patéticas y grotescas bufonadas.
¿Por qué no echáis el telón definitivamente y os vais a…?