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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

La batalla judicial correcta

E. J. Dionne
E. J. Dionne
miércoles, 28 de abril de 2010, 05:30 h (CET)
WASHINGTON - La idea genial de los conservadores estadounidenses durante los últimos 30 años ha sido su interpretación de que la forma más eficaz de cambiar el país es alterar los términos de nuestro debate político. En un tema tras otros es precisamente lo que han hecho.

La regulación sensata era presentada como una peligrosa aspiración al control público. Las medidas modestas encaminadas a paliar la pobreza se convirtieron en conspiraciones para encasillar a los pobres "en la dependencia". Los defensores de la seguridad social son condenados por socialistas. Se dice que el gobierno se encuentran bajo la influencia de unos "ellos" lejanos, incluso si en democracia el gobierno es el ámbito del "nosotros". Y las tentativas por lograr un poco de igualdad económica se declararon ataques a la libertad.

En ningún otro terreno la ofensiva intelectual conservadora ha sido más eficaz que a la hora de transformar nuestro debate de la Judicatura, y es por ese motivo que el inminente enfrentamiento a cuenta del próximo candidato al Supremo del Presidente Obama es tan importante.

La prueba del éxito para los progresistas no debería ser únicamente ganar la batalla de la confirmación. Esta lucha debe ser el comienzo de una iniciativa a largo plazo orientada a denunciar lo radicalmente que los conservadores han alterado nuestra interpretación de lo que hace el Tribunal Supremo y de cómo lo hace.

Sobre todo, debería quedar claro que el peligro del activismo judicial procede ahora de la derecha, no de la izquierda. Son los conservadores, no los progresistas, los que están utilizando las salas de justicia para anular las resoluciones tomadas por órganos elegidos democráticamente en terrenos que van desde la discriminación salarial a la integración escolar pasando por las leyes antimonopolio y el régimen de seguridad laboral.

Si alguien ponía en duda que la actual mayoría conservadora del Tribunal Supremo quiere imponer su propio punto de vista al margen de lo que digan las legislaturas estatales o el Congreso - o lo que resuelva la jurisprudencia - su sentencia en el caso Citizens United debería poner fin a cualquier duda.

Al reconocer a las corporaciones un derecho esencialmente ilimitado a dedicar dinero a influenciar el resultado de las elecciones, esa sentencia desafía décadas de jurisprudencia y decretos del Congreso. La rama no electa de la administración decidió que no le gustaba la legislación vigente, de manera que decretó la suya propia.

El magistrado John Paul Stevens, cuya salida deja una vacante en el tribunal, ofrecía el voto particular distinguido de una notable carrera al observar que para llegar a la sentencia que se llegó, la mayoría del tribunal no sólo se saltaba la jurisprudencia sino que también se extralimitaba del caso para hacerlo.

"Esencialmente, cinco magistrados no estaban contentos con la naturaleza limitada del caso a consideración, de forma que cambiaron el caso para concederse la oportunidad de cambiar el código", escribió Stevens. Bien, (BEG ITAL)eso(END ITAL) es activismo judicial.

Stevens añadía: "En una sociedad democrática, el consenso establecido en torno a la necesidad de limitar el gasto electoral de las corporaciones debería superar a la implantación integral de normas establecidas por jueces".

Citizens United es un caso extremo de una tendencia general: los jueces conservadores invocan con regularidad su presunta lealtad a la intencionalidad "original" de los redactores de la Constitución como toque de corneta para cargar contra las tentativas de limitar el poder de las grandes corporaciones. Estas entidades ni siquiera estaban en la imaginación de los que elaboraron la Constitución. Afirmar saber lo que pensarían los fundadores de Exxon Mobil o Goldman Sachs o PepsiCo es un ejercicio de arrogancia.

Lo que olvidaron los progresistas durante los años en que esa tendencia dominó la judicatura es que durante gran parte de nuestra historia, los tribunales han jugado el papel conservador. Pero los conservadores de hoy no han olvidado este legado. Su objetivo es anular los últimos 70 años de jurisprudencia y devolvernos a la época en que los tribunales anulaban leyes de salario mínimo y toda suerte de regulación económica adicional.

En su misterioso nuevo libro sobre la lucha entre Franklin D. Roosevelt y el Tribunal Supremo, "Poder Supremo", Jeff Shesol nos recuerda que los conservadores de aquellos tiempos estaban "imbuidos en el convencimiento de estar salvando a la civilización de los bolcheviques y los demás colectivistas radicales sin excepción". Sospecho que la mayoría conservadora actual tiene una opinión similar de su misión.

Así que esta vez, vamos a celebrar un debate nuevo que se centre más allá de la opinión del candidato de la sentencia del aborto en el caso Roe vs. Wade. Recordemos que los verdaderos magistrados "elitistas" son los que protegen los intereses de los poderosos por encima del derecho del Congreso a legislar en defensa de los obreros, el consumidor y el medio ambiente. Vamos a ignorar las reivindicaciones de los conservadores contrarios a "legislar desde el estrado", puesto que son sus jueces los que ahora están legislando. Si los progresistas no saben desafiar con éxito a los conservadores en los principios clave, nunca van a ganar un enfrentamiento relevante.

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