Son tiempos estos en los que, desde los partidos políticos y las administraciones, se reclama la participación pública en todo tipo de eventos. Los Presupuestos participativos, la confección de Planes Generales y otros instrumentos de ordenación del territorio invitan a los ciudadanos a que den su opinión y sus propuestas. Para propiciar la participación pública las leyes han incluido la obligación de acometer procesos de participación. Pero lo cierto es que la participación, en democracia, resulta muy difícil y ello se evidencia en lo pobres que son los resultados de cada proceso de estos.

Seamos realistas. Ni a los políticos les interesa demasiado propiciar una participación pública multitudinaria, ni los ciudadanos se matan por ofrecer gratuitamente sus ideas a los políticos. Por otro lado, no es adecuado cualquier criterio, ya que todos estos procesos son muy complejos y excesivamente técnicos.

Si los políticos tuvieran verdadero interés en que la población participara, empezarían por publicitar ampliamente los procesos, por invitar a las asociaciones y los agentes sociales. Y yo casi diría que habría que incentivar a estas organizaciones para que dentro de su organización interna se produjera el debate necesario que lleva a la propuesta de ideas. Por ejemplo, mediante el condicionamiento de las ayudas y subvenciones que otorga la administración a su participación en la confección de los presupuestos participativos o planeamiento urbanístico, territorial o medioambiental.

Tampoco estaría mal que se pudiera incentivar a los ciudadanos a participar en la democracia social, que estableció nuestra Constitución, mediante la reducción de impuestos con el establecimiento de deducciones en el IRPF u otros incentivos similares.

Si la participación es democracia, y nos la queremos creer, no podemos dejar a simple criterio del ciudadano desinformado, con una vida compleja y muy ocupada, que decida si le interesa o no dar su opinión. Y si es así, el resultado siempre será el mismo: ¡a mí que me dejen tranquilo!.