Al menos González Sinde, alias Sindescargas, no ha conseguido imponer que su comisión de lacayos de la ceja (el navegante que acepte formar parte, que lo habrá, será a buen seguro repudiado por la comunidad internauta) sea la que decida sobre el futuro de todas y cada una de las páginas de internet. Y es que el cierre de una página no podrá llevarse a cabo sin autorización judicial. Vamos, que los del gobierno, asustados por la que se ha liado, no permiten, de momento, cargarse eso del poder judicial. Eso sí, la criminalización del internauta por parte de los tecnófobos empeñados en mantener un copyright obsoleto y privilegios propios de un régimen feudal continúa, empeñados como están en liquidar el derecho a la copia privada que existe en nuestro país. Será esta comisión la que denuncie ante la Audiencia Nacional a los webmaster en cuyas páginas se alojen contenidos que los miembros de la comisión consideren delictivos. Y por considerar consideran ilegal incluso que una web enlace a una página que a su vez ofrezca la posibilidad de descargar contenidos sujetos de derechos de autor. O sea, que con la “ley ZP 0.5” a Google le quedan dos telediarios.

Desde la Asociación de Internautas, a la cabeza de la rebelión, se ha acusado al gobierno socialista de querer volver al “secreto administrativo franquista”. Mientras, Ángeles González-Sinde, mentiras y gordas, afirma que el cierre no afectará a blogs personales y prepara el cierre de aproximadamente doscientas webs al tiempo que muestra su sorpresa por la polvareda que su totalitaria iniciativa está levantando entre la sociedad civil. Toda la sociedad civil. En la derecha y en la izquierda. La unanimidad en rechazar el proyecto de Ley de Economía Sostenible (increíblemente es en esta ley en donde se coló de rondón el liberticidio de la red) entre los internautas es total. Se va a liar. En plena presidencia de Mr. Bean, perdón de Rodríguez Zapatero.

Pero… ¿por qué esta comisión y por qué la Audiencia Nacional? En primer lugar resulta que los fallos emitidos por los tribunales ordinarios de Justicia no estaban resultando del agrado de la SGAE, contando los internautas con decenas de sentencias absolutorias y, en ocasiones, la sociedad de gestión de derechos de autor con condenas por temeridad al apreciar el Juzgado mala fe en las denuncias interpuestas. Solución: creamos, aprovechando los privilegios cada vez mayores que nuestra legislación concede a la Administración contra el ciudadano, una comisión que será la responsable de interponer la denuncia y así le ahorramos el sofocón a Teddy Bautista, ese millonario cuya ex esposa asegura en programas de corazón vivir en la indigencia.

Y como los tribunales ordinarios además andan absolviendo a los internautas, le pasamos el tema a la Audiencia Nacional, considerando, en el colmo del despropósito, los derechos de autor un “derecho fundamental” (Caamaño dixit). Para que no se enfaden Ramoncín, Víctor Manuel y Pilar Bardem, sobre todo esta última cuya penúltima ocurrencia ha sido pretender cobrar a los enfermos en los hospitales por ver la tele y que anda diciendo que al que le diga que es una cejatera lo mata, sucederá que mientras las víctimas del terrorismo tienen que esperar años a que la Audiencia juzgue a los asesinos de los suyos, los cejitas verán cómo páginas que ofrecen las descargas de sus canciones (¿alguien conoce a alguien que se haya descargado algún éxito de Ramoncín, por ejemplo?) serán clausuradas cautelarmente en cuatro días. Años esperarán los padres de Marta del Castillo a que se haga justicia con la memoria de su hija. Está claro que la inmediatez de la Justicia, pilar básico en el que se asienta un sistema de Justicia digno de tal nombre, en esta España en descomposición sólo existe en beneficio de algunos. De los amigos del poder.

En resumen, estamos ante una ley que pretende consolidar privilegios feudales, hacer aún más ricos a un grupo de millonarios que a estas alturas ya nos tienen aburridos a todos, sostener artificialmente y a costa del bolsillo del currito una industria en caída libre al tiempo que poner un poco más de rodillas al ciudadano-esclavo.

Algunos podrían añadir: “y se dicen socialistas”. Pues precisamente por eso.