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The Washington Post Writers Group -
Sección:
Opinión
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Sanidad nacional |
| Robert J. Samuelson |
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WASHINGTON – Los críticos del Presidente Obama afirman en ocasiones que está tramando la toma de control de la sanidad por parte del gobierno o incluso la introducción de la “medicina socializada” en América. Estas acusaciones son sumamente exageradas. El gobierno ya domina la sanidad, que constituye la sexta parte de la economía. Sufraga directa o indirectamente más o menos la mitad del gasto sanitario total. La medicina está regulada de principio a fin, desde la verificación de las recetas hasta los requisitos de los asilos. En la sanidad no existe ningún “libre mercado”.
Lo que está sucediendo realmente es todo lo contrario, lo cual resulta más interesante y alarmante: la sanidad está asumiendo el control del gobierno.
Piénselo detenidamente. En 1980, el gobierno federal destinaba 65.000 millones de dólares a la sanidad; el 11% de todo su gasto. Hacia el año 2008, el desembolso capitalizable en conceptos sanitarios había alcanzado los 752.000 millones de dólares – el 25% del gasto total, uno de cada cuatro dólares.
Incluso sin nueva legislación, el porcentaje del gasto que representa la sanidad crecería, a medida que una población que envejece consume más Medicare (el seguro de la tercera edad) y Medicaid (el plan de protección mixto federal-estatal destinado a los pobres, incluyendo a los ancianos muy pobres). Obama va a acelerar la tendencia ampliando Medicaid y concediendo subsidios nuevos para la contratación de seguros privados. Alrededor de 30 millones de estadounidenses o más estarán asegurados.
Todo esto está transformando la política y la sociedad. El rasgo más evidente del gasto sanitario es que el gobierno es incapaz de controlarlo. El motivo es la opinión pública. Todos queremos la mejor atención sanitaria para nosotros y nuestros seres queridos; eso es natural y parece estar moralmente justificado.
Desafortunadamente, lo que queremos todos como individuos puede perjudicarnos como nación. Nuestra preocupación abre la puerta al gasto sanitario indefinido e ineficaz, porque todo el mundo está convencido de que los controles del gasto son despiadados e ilegítimos. El reciente escándalo a cuenta de las propuestas de reducción del número de mamografías plasma el sentimiento popular.
Una consecuencia es la degradación lenta, paulatina y en gran medida invisible de los demás objetivos públicos y privados. El historiador Niall Ferguson, escribiendo hace poco en Newsweek, defendía la idea de que la enorme deuda federal amenaza la influencia global de América a través de una “reducción inexorable de los recursos” del ejército. Ferguson lo entendió a medias. La verdadera amenaza no es la deuda sino el gasto sanitario floreciente que, hasta en el caso de que los presupuestos fueran equilibrados, restaría recursos a todo lo demás.
“Todo lo demás” incluye universidades, infraestructuras, investigación, mantenimiento de parques y jardines, vigilancia de fronteras y – dado que presiones similares se trasladan a los estados a través de Medicaid – escuelas, policía, recogida de basuras y bibliotecas públicas. Un mayor gasto sanitario debilita de igual manera la capacidad de las familias de educar a los hijos, porque reduce la renta acumulada de los hogares bien a través de impuestos más altos o de un sueldo tras retenciones inferior, dado que las primas de seguro más caras que pagan las empresas castigan las nóminas.
Una sociedad que acepta sumisamente constantes subidas del gasto sanitario está aprobando algunas formas explícitas, aunque mal entendidas, de redistribución de la riqueza. Los jóvenes transfieren riqueza a los ancianos, porque alrededor de la mitad de todo el gasto sanitario se destina al sector de la población mayor de 55 años. A menos que se suban los impuestos de manera desproporcionada a los estadounidenses mayores (y sucede justamente al contrario), están recibiendo subsidios de los jóvenes. Cada vez más recursos se destinan también a una pequeña franja de la población: en el año 2006, el 5% más enfermo de los estadounidenses justificaba el 48% del gasto sanitario.
El poder político dentro de este sistema cambia. Fluye a los grupos que promueven y defienden un mayor gasto sanitario – el AARP, el grupo de presión de los estadounidenses de 50 años en adelante, y también a los colectivos profesionales como la Asociación Médica Estadounidense (AMA), que representa a los médicos. Como era de esperar, el AARP ha estado muy presente en el debate actual. Afirma haber tomado parte en 649 asambleas entre otras reuniones y haber llegado a más de 50 millones de personas a través de la publicidad este año. No sorprenderá pues que AARP y AMA emitieran hace poco una campaña de publicidad televisiva conjunta.
El ascenso de la sanidad nacional ha aturdido a los líderes intelectuales y políticos de América, tanto de la derecha como de la izquierda. Nadie quiere aparentar estar siendo insensible negando a alguien un tratamiento que parece necesario; nadie quiere apoyar abiertamente la intromisión en la independencia de los médicos. Es más fácil perpetuar y ampliar el estatus quo que emprender la difícil tarea de reestructurar el sistema sanitario para brindar una sanidad mejor y más barata.
Las propuestas sanitarias de Obama pueden ser muy cuestionables (lo son), pero oponerse a ellas predicando a los cuatro vientos que conducirán al “racionamiento” -- como hacen muchos Republicanos -- es insensato. Casi todo en una sociedad está “racionado”, ya sea a través del precio (si no se lo puede permitir, no lo puede adquirir) o a través de decisiones políticas explícitas (las juntas escolares tienen presupuestos). La sanidad es una excepción; cuenta con un cheque en blanco. El principal problema político de la sanidad nacional es encontrar vías eficaces y aceptables de limitar el gasto médico.
Los Demócratas no son de gran ayuda. Obama habla de manera hipócrita acerca de limitar el déficit y controlar el gasto sanitario al tiempo que su programa elevará el gasto y agravará las previsiones presupuestarias. Los Demócratas se felicitan por atender a los que no tienen seguro – que ya tienen acceso a la atención suficiente – al tiempo que evitan cualquier reforma sustancial del sistema de prestación. La sociedad resultante discrimina a los jóvenes y destina cada vez más recursos económicos y alternativas políticas a un entramado médico-industrial desenfrenado.
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