En los últimos 15 años la inversión hacia paraísos fiscales a nivel mundial se ha multiplicado por cuatro. España no es una excepción, y en 2015 los flujos hacia España desde paraísos fiscales han aumentado en un 27,4% con respecto a 2014, lo que supone un 66% del total de la inversión que entra en nuestro país. Esto se debe a un cambio en la regulación, que hace que los beneficios de las empresas obtenidos en el extranjero casi no tributen en este país, denuncia en un documentado Informe, '¿Beneficios para quién?', Oxfam Intermón que reclama a los partidos políticos una Ley contra la evasión fiscal que la reduzca a la mitad en los próximos cinco años.

La presencia de las principales empresas españolas en paraísos fiscales sigue en aumento. De 2013 a 2014, las filiales del IBEX35 en estos territorios se han incrementado en un 10%, pasando de 810 a 891.

Aunque la inversión crezca en España no se traduce en ingresos para el Estado que se podrían destinar y reinvertir en política sociales. De hecho, el impuesto de sociedades bajó un 49,5% de 2007 a 2015, lo que implica 22.219 millones de euros que no entran en las arcas públicas.

El paraíso fiscal más usado por las empresas del IBEX35 es Delaware, en los Estados Unidos. Sólo allí esas 35 empresas españolas tienen 420 filiales, un 45,4 % del total. En este Estado, las empresas del IBEX abrieron 68 nuevas filiales en 2014, representando un 57% del total de incremento de filiales en estas jurisdicciones. Es decir, un solo edificio de una planta en Delaware tiene más empresas que todo el País Vasco (285.000 frente a 160.000).

Y en lugar de perderse en personalismos populistas y en descalificaciones propias de patios de vecindad, Oxfam Intermón señala medidas contra el 'escaqueo' fiscal en la que proponen a los partidos políticos y al futuro Gobierno de España que impulsen una ley contra la evasión fiscal de manera urgente. Es necesario que los ingresos que generan las empresas en este país se usen para cubrir las necesidades de sus ciudadanos, invirtiendo en políticas públicas como la sanidad, la educación, la protección social y la cooperación. Esta ley tiene que contribuir a cerrar todos los resquicios de la elusión fiscal, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, revisar la contratación pública libre y la definición de los paraísos fiscales.

Por ello lanzan una campaña para poner fin a las prácticas de ingeniería fiscal, exigiendo a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales una Ley contra la Evasión fiscal y a los líderes del mundo una Cumbre Fiscal Mundial que se celebre en julio para empezar a construir un sistema de reglas justas para todos los países.

Estas acciones de las auténticas organizaciones de la sociedad civil suponen un reconfortante aire fresco con medidas concretas al llamar a las cosas por sus nombres con propuestas alternativas que favorezcan un desarrollo endógeno, sostenible, equilibrado y global.