A comienzos del 2013 comenzó su singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en el 2017 tras culminar recientemente la UE y EEUU la últimas ronda de conversaciones.Sin embargo, aunque todos los países apoyan políticamente unas negociaciones que deberían finalizar para principios del 2017 y que en teoría tan sólo implican la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas, en la práctica estarían plagada de escollos, como la normativa alimentaria y fitosanitaria. Así, entre los principales escollos para conseguir un acuerdo satisfactorio para las dos partes, estaría la normativa de la UE que prohíbe la utilización de hormonas y limita las autorizaciones de organismos genéticamente modificados (OMG) amén de las reglas de trazabilidad y etiquetado, las tarifas agrícolas y las denominaciones de origen en el sector agroalimentario.A ello se sumaría el sector financiero ( la FED ha pedido expresamente que no se incluya dicho sector en la ronda de negociaciones), el gas natural ( la UE quiere eliminar todo tipo de restricciones a su libre exportación) y finalmente el escollo del ‘Buy American Act’ , barrera proteccionista impuesta en 1933 en EEUU que blinda “de facto” los mercados públicos estadounidenses a los inversores extranjeros para las contrataciones públicas (se estima que los mercados de EE.UU. únicamente están abiertos en un 32%, mientras que en Europa lo están en un 85%).

La letra pequeña del TTIP: el TISA y el ISDS
En la letra pequeña de dicho Tratado aparece la introducción de la claúsula ISDS de resolución de conflictos entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera y económica (las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para desafiar las regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio ambiente y demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios) así como del llamado Consejo de Cooperación Regulatoria, lo que supondría según Sol Sánchez, coordinadora general de ATTAC España que “estos tratados estarían para siempre en crecimiento y no sólo se interpondrían con las leyes futuras sino que además podrían reformar las ya existentes en los Estados firmantes, en suma, un verdadero gobierno directo de las Corporaciones”. La Eurocámara no puede negociar ni incorporar enmiendas al tratado pero habría elaborado su propia opinión, reflejada en el Informe Lange que habría sido aprobado por liberales,socialistas y populares tras pactar una enmienda que dice que el arbitraje incluido en el TTIP será un sistema “no discriminatorio” con las empresas locales o extranjeras del que formen parte “jueces independientes” y que “no anteponga los intereses privados a los públicos”. Asimismo, habría introducido otra resolución para mantener los niveles de protección existentes para los trabajadores europeos basada en una resolución que obliga a Estados Unidos a respetar los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resolución que sólo sería papel mojado pues en breve la Eurocámara podría aprobar el TISA (el llamado TTIP de servicios) que apuesta por abrir los mercados nacionales europeos a países como Taiwan, Hong Kong , Corea del Sur y posiblemente China que no han suscrito los 8 Convenios fundamentales con la OIT ( entre ellos los relativos a libertad sindical, defensa del trabajo digno o convenios colectivos), lo que podría tener como efecto colateral el finiquito de las normas laborales reconocidas individualmente por los 28 países de la UE. Francia y Alemania ya expresaron serias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS) y dado que el euro-Parlamento tiene potestad para tumbar todo el TTIP una vez hayan concluido las negociaciones, no sería descartable en el 2017 el rechazo de la mayoría europarlamentaria a la aprobación de dicho Tratado debido a una tardía reafirmación de la soberanía europeísta por parte franco-alemana coadyuvada por los efectos colaterales de la imposición de sanciones a Rusia, dibujándose un escenario a cinco años en el que se pasaría de las guerras comerciales al proteccionismo económico bajo el eufemismo de Fomento del Consumo de Productos nacionales con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.