Probablemente no haya otro servicio público más ineficaz que el de la Administración de Justicia en España, que progresivamente va perdiendo estima social y mostrando un grado de burocratización que la esclerotiza.

Un Estado de Derecho, en que la actuación de los jueces es extremadamente necesaria para defensa de las garantías públicas, no puede pender de una justicia cuyas leyes de procedimiento, pese a las diversas reformas, son de más de un siglo. Entre tanto, la sociedad española ha cambiado hasta un punto que nada o poco tiene que ver la vida social de entonces a la de ahora (el mundo negocial, el tráfico de vehículos, el número de habitantes, la diversa y novedosa delincuencia, etc.) hacen que todo ese entramado legal haya quedado obsoleto, en gran medida. Y todas las reformas que se le han hecho a la justicia en nuestro país han devenido en ineficientes, por exceso de medios y escasez de resultados.

Esta “tela” no admite más remiendos, hay que adquirir otra nueva. Es decir, hay que plantearse, por los especialistas la necesidad de cambiar el modelo de justicia. Migrar del tipo de justicia burocratizada y esclerosante que tenemos hacia un modelo de justicia en que prime la oralidad, la rapidez en los juicios, coincidente con las garantías procesales necesarias. No se puede seguir con el modelo de escritura continua para acabar realizando un juicio, en torno al año o después. Es costoso, lento, y sobre todo no sirve a la demanda social del justiciable.

Pero además, de forma más grave, en el ámbito penal se viene mostrando especialmente ineficaz, con la agravante que redunda en una quiebra de la seguridad de la ciudadanía, frente a determinado tipo de delincuencia que ve como en España es rentable vivir del delito, por los defectos del sistema, y las perversiones que ha ido tomando con ciertos desarrollos legislativos, de manera que hemos llegado a un excesivo garantismo de la ley que le resta eficacia; a considerar la pena como esencialmente redentora y rehabilitadota del delito, perdiendo valor su efecto de castigo, considerando al delincuente como un “enfermillo social” –que apenas se da- antes que verdadero “depredador social” –que lo es en la mayoría de los casos-, llegando a la situación de dejar indefensa a la sociedad frente a la lacra del delito.

Todo lo anterior unido a la inoperancia de una Administración de Justicia burocratizada, lenta, ensimismada y llena de problemas organizativos diversos, dan lugar a que ocurran imperdonables olvidos como el caso del presunto asesino de la niña Mª Luz Cortés, que por desgracia no es el primer caso en el gran desconcierto judicial patrio.

Quizá convendría reformar no sólo los procedimientos sino también algunos cuerpos de funcionarios de la justicia. Así respecto de los jueces debería volverse a la inicial configuración profesional del Consejo General del Poder Judicial, evitando su politización para asegurar su independencia; los fiscales deberían de estructurarse de manera distinta para comprometer su acción más con la investigación del crimen y más permeables a la sociedad, menos brocratizados, para dar cuenta pública y periódica de sus intervenciones; los secretarios deberían de desaparecer, reconvirtiéndolos en jueces ayudantes hasta su extinción; también dejaría de tener sentido la función de procurador de los tribunales, al imponerse una mayor oralidad, lo que también abarataría los costos de litigios.

Tampoco se entiende la desaparición de las tasas judiciales, pues como servicio público debería de abonarlo quien lo usara en pleitos privados –si acaso contemplando ciertas exenciones-, pero no parece justo que la banca, los seguros, empresas inmobiliarias, y demás empresas industriales y comerciales, que son los principales litigadotes, hayan de hacerlo gratis. ¡No es justo que le paguemos a la banca los gastos de recuperación de impagados!, pues esta a sus deudores no les perdona absolutamente nada, y son entidades de gran solvencia.

Si se emprendiera una reforma judicial de esas características, podríamos esperar la recuperación de la justicia en España, entre tanto sigamos con remiendos, nada de eso será posible.

Pero además, como “a perro flaco todo son pulgas”, tenemos el mayor conflicto colectivo planteado por los funcionarios de la Administración de Justicia, en el periodo democrático, con más de dos meses de huelga sin atisbo de solución por parte del Ministerio, cuyo máximo responsable hace gala actualmente de ser el ministro más cuestionado del gabinete de ZP, por su ausencia de proyecto de auténtica modernidad judicial, pese a ser un profesional de la carrera fiscal, por su rigidez en el necesario diálogo con sus propios funcionarios en el conflicto que mantienen, ya que no ha tenido el detalle de aparecer ni una vez por la mesa de negociación a intentar llegar a un acuerdo, mostrando el requerido liderazgo que se le debe exigir a un político de primer nivel como es un ministro de la nación.

En fin, ZP sabrá si le conviene tener a Bermejo como ministro de un área progresivamente deteriorada, que requiere de nuevas ideas y consecuentes acciones para devolverle la perdida eficacia y el necesario crédito social que requiere la justicia en un Estado de Derecho moderno.