Miles de personas se han manifestado este viernes en
Honduras portando antorchas, para exigir la dimisión del presidente del
país, Juan Orlando Hernández, después de que el propio mandatario
admitiera que su campaña recibió fondos de empresas ligadas al peor
escándalo de corrupción de las últimas dos décadas.
El mandatario admitió el miércoles que durante su campaña electoral
del 2013 su Partido Nacional recibió cerca de 150.000 dólares en
cheques derivados de un esquema de compras con sobreprecios del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
"¡Fuera JOH, fuera JOH!", han coreado los manifestantes utilizando las siglas del nombre
del presidente. La marcha se desplazó por calles céntricas de la capital Tegucigalpa hasta
las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde pidieron la creación
de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la que opera en la vecina
Guatemala.
"Ya es insoportable no sólo la corrupción, sino el cinismo de los políticos de Honduras y
los de este Gobierno", ha denunciado Emanuel Cruz, un joven de 35 años durante la
marcha, convocada por organizaciones juveniles y partidos de oposición.
El IHSS habría sido defraudado por cerca de 200 millones de dólares, al haber realizado
compras con sobreprecios a empresas existentes y otras creadas especialmente por
funcionarios del propio organismo, dejando un rastro de cheques con los que se
adquirieron costosas propiedades y autos de lujo.
La manifestación, en la que participaron unas 8.000 personas, es la más numerosa
desde que hace una semana se iniciaron las protestas en todo el país al conocerse este
hecho.
Entre los manifestantes estuvieron presentes el expresidente izquierdista Manuel Zelaya,
derrocado en 2009 por militares respaldados por partidos tradicionales como el Nacional,
y el líder del Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla.
El canciller, Arturo Corrales, descartó pedir a la ONU establecer una comisión similar a la
de Guatemala, pese a las debilidades del sistema de justicia de la empobrecida Honduras.
El fiscal Roberto Ramírez, principal investigador del caso, tuvo que abandonar el país la
semana pasada tras recibir amenazas de muerte clasificadas por los servicios de
Inteligencia de "extraordinariamente altas", en uno de los países más peligrosos del
planeta.
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