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​El negocio detrás de la ayuda humanitaria

Mee-hyang fue denunciada públicamente por Lee Yong-soo, una de las víctimas sobrevivientes, por malversación de fondos donados a las víctimas para la compra de propiedades
Redacción Siglo XXI
@DiarioSigloXXI
lunes, 20 de julio de 2020, 15:22 h (CET)

Parte del dinero destinado a los países más necesitados acaba en paraísos fiscales. En concreto, de cada cien dólares destinados a los más pobres, aproximadamente unos 7,5 terminan desviados en cuentas bancarias propiedad de las élites, registradas en paraísos fiscales. Así lo ha revelado un informe llevado a cabo por investigadores del Banco Mundial que han analizado la conexión entre los desembolsos de ayuda y la acumulación de riqueza en cuentas en el extranjero. El informe de 45 páginas fue publicado a principios de año y despertó una ola de críticas que han obligado a la organización a justificar las conclusiones del borrador. Pero más allá de este caso particular, son muchos los ejemplos que demuestran manejos turbios en los flujos de dineros destinados a las comunidades más desfavorecidas. Lo que pone nuevamente en relieve la necesidad de reformar los sistemas vigentes y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Un caso conocido que prueba cómo en ocasiones, importantes sumas de dinero acaban en las manos equivocadas, es el que se ha develado recientemente en la República Democrática del Congo. Un informe llevado a cabo por investigadoras de la consultora Adam Smith International y financiado por la agencia de ayuda gubernamental del Reino Unido, DFID, revela graves inconsistencias en la distribución de fondos de donantes para causas como la respuesta a la crisis del Ébola, entre otros programas destinados a la protección de niñas y mujeres víctimas de explotación sexual.

El informe aporta nuevas y preocupantes revelaciones que probarían la existencia de esquemas de estafa, corrupción y malversación de fondos, en el seno de organizaciones humanitarias. Asimismo, la investigación también evidencia una falta de aplicación de controles y herramientas anticorrupción dentro de ciertas organizaciones que se jactan de cooperar con quienes más lo necesitan. Lamentablemente, no se trata de un caso aislado. Distintos informes que se han hecho públicos en los últimos años, han demostrado numerosas irregularidades en la gestión de ayuda enviada a otros países africanos como Somalia. Por ejemplo, investigaciones recientes han dado cuenta de robos de hasta la mitad de la ayuda alimentaria y un desvío de millones de dólares destinados a medicinas, agua, alimentos, entre otros servicios.

Lo que ha revelado un problema estructural y arraigado a las prácticas de organizaciones que intervienen en causas humanitarias tanto en África, como en el resto del mundo.

Un caso actual que también evidencia el abuso de poder y la corrupción dentro de organizaciones cuyo fin es velar por los derechos de comunidades y víctimas, es el que se ha descubierto recientemente en Corea del Sur. Se trata de una investigación en curso por la utilización de fondos para beneficio personal y privado, por parte de Yoon Mee-hyang, legisladora y ex directora del Consejo Coreano para la Justicia y el Recuerdo, un grupo de defensa por los derechos de las víctimas de esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial, conocidas como ‘mujeres de consuelo’. El caso ha cobrado una especial dimensión debido a que Mee-hyang forma parte del partido político gobernante, el Partido Democrático del presidente Moon Jae-in.

Mee-hyang fue denunciada públicamente por Lee Yong-soo, una de las víctimas sobrevivientes, por malversación de fondos donados a las víctimas para la compra de propiedades y la financiación de la educación de su hija en Estados Unidos. En concreto, la denuncia apunta a ciertas irregularidades financieras relacionadas a transacciones inmobiliarias realizadas por la activista, como la compra de un albergue para las víctimas en Anseong y la recaudación de donaciones en cuentas bancarias personales. También se la ha acusado de derrochar el dinero recolectado para las víctimas y de alquilar áreas del refugio con fines de lucro. Al parecer, las prácticas contables y la gestión dudosa de dinero, no habría sido exclusiva de Yong-soo. Días más tarde de que se hiciera pública la denuncia, fiscales surcoreanos llevaron a cabo allanamientos en el edificio donde se reúne el Consejo.

Los ejemplos mencionados demuestran que la corrupción y el desvío de fondos son dos problemáticas que no distinguen fronteras y que están a la orden del día. En el contexto de la pandemia del Covid-19, son varios los países y gobiernos internacionales que reciben apoyo financiero de organizaciones multilaterales, empresas, organizaciones y donantes privados, para ayudar a coordinar sus respuestas. Es precisamente en estos contextos de crisis, en los que la ayuda es tan necesaria que algunos aprovechan el contexto para su beneficio propio, beneficiándose y haciendo de la necesidad de otros, un negocio personal.

En ese sentido, organizaciones internacionales como Transparencia Internacional y ONU Mujeres, alertan sobre la importancia de que el apoyo financiero a las comunidades más afectadas por la crisis esté en línea con la lucha contra la corrupción y se implemente de forma transparente. Ambas organizaciones insisten además en que la distribución de los paquetes de rescate de emergencia de Covid-19, debe priorizar a las mujeres de grupos históricamente marginados en regiones como América Latina y el Caribe, como las mujeres migrantes, afrodescendientes, indígenas, rurales o discapacitadas. Evitando así que la élite sea la mayor beneficiaria de estos paquetes que suelen aparecer, precisamente, en contextos de crisis como la que el mundo entero está atravesando actualmente. Es por ello que hoy más que nunca, se deben exigir sistemas transparentes en el sector humanitario, para evitar así los riesgos de fraude y corrupción que afectan a las comunidades vulnerables. 

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