Tras la propaganda del régimen todos esperábamos que la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, fuera una norma moderna, capaz de dar soluciones a los problemas y los retos a los que se enfrenta el territorio valenciano. Una norma que permitiera a los inversores valencianos, y a los de fuera, que sus inversiones se materializaran de una forma ágil y con el debido respeto al territorio, al medioambiente y al paisaje.

Una ley que solucionara todos los desatinos que, hace casi una década, cometió, el por entonces Honorable Conseller del Partido Popular, Rafael Blasco, con los timoratos ataques de hiperlegislación que le dieron ante las críticas de la Unión Europea hacia nuestro sistema. Ataques, por otro lado, que después se demostraron infundados cuando los tribunales europeos sentenciaron que, con la LRAU de los socialistas, tampoco se estaban haciendo las cosas tan mal.

Pues bien, acabadita de aprobar y publicar en plenas vacaciones la LOTUP (que es como llaman al engendro) podemos constatar que la Honorable Consellera ha dado a luz una ley tremendamente inútil. Y les explico el porqué.

En primer lugar, porque si hasta ahora para aprobar un PGOU cualquier ayuntamiento necesitaba un trámite de entre cinco y diez años, que le hacía perder cualquier expectativa de inversión o crecimiento, ahora va a ser peor. Mucho peor. El procedimiento administrativo que se ha parido va a ser infinitamente más largo.

Que no digo yo que no esté bien que, antes de acometer un proceso de ordenación del territorio o aprobación de un PGOU, no sea necesaria la opinión de aquellos que saben en materia de medio ambiente. Pero de ahí a que todo el procedimiento se limite a un control férreo de los “Órganos ambientales” me parece personalmente un exceso.

Los alcaldes y concejales se van a enterar ahora de lo que pasó Cristo en el Vía Crucis. Porque ya no es un simple filtro de control, que yo también considero necesario y es lo que exige la normativa europea. Lo han transformado en un montón de estaciones en las que, para pasarlas ni se sabe los padrenuestros, avemarías y credos deberá rezar los responsables municipales.

En segundo lugar, porque al derogar leyes y reglamentos “a lo loco” el caos que van a generar hasta que se aprueben los nuevos reglamentos, va a ser mayúsculo. Imagínense ustedes que, si con el super-reglamento que se llamaba el ROGTU ya los ayuntamientos eran incapaces de gestionar el urbanismo con agilidad, sin reglamentos los funcionarios y profesionales del tema vamos a sentirnos huérfanos y abandonados.

Ese fue el error de la LRAU al no aprobar los reglamentos que la desarrollaran, permitiendo que en plena burbuja inmobiliaria cada Ayuntamiento hiciera de su capa un sayo. Y la Conselleria de Luís Fernando Cartagena, de Rafael Blasco y González Pons dieron y repartieron a placer proyectos inviables que hoy están abandonados o vacíos. Sin reglamentos no hay control.

En tercer lugar. Pensaran ustedes que aprovechando la nueva ley, y visto que la Consellera es de La Vall d’Uixó, el gobierno del PP aprovecharía para dar instrumentos para solucionar la gravísima problemática de los PAIs abandonados o ejecutados a medias, en los que los agentes urbanizadores o bien han huido o han caído en combate tras la inmisericorde crisis inmobiliaria y de la construcción. Pues no. Nada o casi nada en el nuevo texto legal que nos ilumine en cómo solucionar el problema.

Vamos a por la cuarta. Un nuevo sistema urbanístico para regularizar los conjuntos de urbanizaciones en suelo no urbanizable. ¡Bien! Una buena idea si sirviera para algo. Pero con el detalle de que, a lo largo de todos estos años, la mayoría de estas urbanizaciones han sido declaradas suelo urbano o urbanizable. Y que, pese a que al ser reclasificadas, no han sido urbanizadas. Pues tenemos que el nuevo instrumento sirve para unos pocos reductos pero no, por ejemplo, para la Marjaleria de Castellón, las Marjales de Burriana y Nules, ni para ninguna zona de chalets que haya sido declarada como urbana o urbanizable. Otro fiasco, vaya.

En definitiva, si es una ley que no va a ser ágil y no dará soluciones a los problemas urbanísticos, medioambientales y del territorio de hoy en día, la verdad se la podían haber ahorrado.