Un 80% de los usuarios considera que la tarifa de su suministro domiciliario de agua es cara o muy cara, frente a sólo el 3% que la considera barata o muy barata, mientras que, por su parte, el 14% estima que el coste al que le facturan el agua es justo.

Esta es una de las conclusiones de la última encuesta realizada por Facua-Consumidores en Acción para conocer el grado de satisfacción de los consumidores con el suministro domiciliario de agua y de conocimiento de sus derechos. Dicho sondeo, según la organización, se ha sido realizado entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre sobre un total de 5.586 personas a nivel nacional.

Ante este resultado, Facua reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar y fijar las tarifas y que éstas formen parte de los consejos de administración de las empresas gestoras.

Además, el 94% de los usuarios desconoce sus derechos en caso de sufrir un corte temporal del suministro domiciliario de agua. El 42% ni siquiera fue informado de la última interrupción del servicio por parte de su empresa abastecedora.

El 62% de los encuestados considera que la factura no se entiende fácilmente. De hecho, el 38% de los encuestados desconoce qué conceptos les están cobrando por el suministro.

Una de cada tres reclamaciones presentadas por los usuarios contra su abastecedora de agua se debe a problemas con la facturación (36%). Otros motivos fueron las discrepancias con las condiciones del servicio (21%) o por cortes de suministro (14%). Un 12% de los encuestados ha presentado una reclamación en el último año, según Facua.

Dos de cada cinco encuestados considera el sabor del agua del grifo como malo o muy malo (40,7%). Sólo el 10% de los usuarios cree que el agua es muy buena al gusto, mientras que el 26% la considera buena y el 23% regular.

Sólo el 9% de los usuarios sabe que la autoridad competente en materia de calidad de agua es su comunidad autónoma. El 28% le atribuye erróneamente estas competencias a los ayuntamientos, mientras que el 24% lo hace a la empresa suministradora y el 1% al Estado. El 37% directamente lo desconoce.