En La República Argentina se permite los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el 15 de julio de 2010. De esta forma, el país se convirtió en el primero de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional. Además, fue el segundo país de América (después de Canadá) y el décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de unión. Es decir, hemos sido vanguardia, casi en un paragón de luchas parecidas a las de EE.UU, donde los Derechos en este sentido cuentan con una lucha histórica interesante y digna de admirar.
Esta decisión ha supuesto un espaldarazo a décadas de lucha por los derechos del colectivo LGTB desde que en 1970 comenzase el activismo por la igualdad de derechos, también en EE.UU. Sin embargo, los primeros pasos en términos de consecución de derechos civiles se tomaron en Europa. Los Países Bajos pusieron fin, en 2001, a la discriminación legal en términos de matrimonio. Siguieron sus pasos Bélgica en 2003 y España y Canadá en 2005. Un total de 20 países, a día de hoy, cuentan con una ley de matrimonio igualitario, principalmente en Europa y América aunque con un caso en África y otro en Oceanía, Sudáfrica y Nueva Zelanda, respectivamente.
Colombia vive un complicado proceso para la implantación de estos derechos. Actualmente la situación es muy confusa dada la falta de leyes o directivas que clarifiquen la situación de las parejas del mismo sexo, aunque los juzgados ya emiten autorizaciones para celebrar matrimonios entre homosexuales. En Australia, cualquier pareja, tras convivir durante dos años, obtiene un estatus de facto por el que adquiere muchos de los derechos y obligaciones que otorga el matrimonio. El parlamento de Eslovenia aprobó en marzo de 2015 una ley para legalizar los matrimonios homosexuales así como la posibilidad de adoptar, la cual está a la espera de ser sancionada por el presidente para entrar en vigor.
En conclusión, el matrimonio igualitario es la medida más ilustrativa a la hora de hablar de protección de los derechos del colectivo LGTB+ pero es tan solo la punta del iceberg de un gran recorrido de lucha social y activismo. También se han aprobado numerosas leyes que prohíben la discriminación y otras que castigan todos los delitos de odio u homofobia, así como las que permiten a las personas transgénero tener sus documentos oficiales con el sexo que mejor refleja su identidad. Un reciente fallo en Argentina ha permitido a una travesti portar en su DNI la categoría de “Femineidad travesti”. Como parte esencial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, las Naciones Unidas está llevando a cabo la campaña Free and Equal con la que pretende universalizar los derechos de las personas LGTB+. Las Naciones Unidas, ha mostrado un claro compromiso con la causa LGTB+ desde que se puso al frente de la organización ésta cuestión, exigiendo una total igualdad para el colectivo así como la adopción de medidas que pusiesen fin a cualquier forma de violencia y discriminación contra las personas por su orientación sexual y la identidad de género. En este sentido, el rol de los Estados partes y de las mismas puertas adentro debe ir en una línea de coherencia.
