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El seguidismo de la AVT |
| Sergio González |
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jueves, 2 de marzo de 2006, 23:26 h (CET)
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La celebración de una nueva marcha por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acarreado importantes discrepancias entre los dos principales partidos españoles, que ya de por sí tenían muchos temas puestos encima de la mesa. Bajo un lema que excluía a una gran cantidad de personas afectadas por el terrorismo etarra como la viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, o el parlamentario socialista y secretario general de las Juventudes del Partido Socialista de Euskadi, Eduardo Madina, y se representaba la totalidad de los afectados por este tipo de actos, recorrieron las calles principales de Madrid con una amplia diversidad de representantes políticos e institucionales en su cabecera. Este despliegue fue facilitado por los “factótum” del Partido Popular encabezados por su presidente Mariano Rajoy, su secretario general, Ángel Acebes, y el portavoz parlamentario y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. Muchas otras organizaciones socorrieron al presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, en la puesta en marcha de la protesta antigubernamental entre ellas el Foro de Ermua, Convivencia Cívica Catalana, la plataforma ciudadana Voces contra el Terrorismo, el sindicato de funcionarios Manos Limpias u organizaciones policiales como la Confederación Española de Policías (CEP) o la Asociación Independiente de Guardias Civiles (AIGC).
El baile de cifras que rodea a toda manifestación ha sido muy considerable y con grandes diferencias entre los expresado por las personas cercanas a esta plataforma de víctimas del terrorismo de ETA y lo indicado por las fuentes policiales. Por una parte, la Policía Nacional que estuvo presente en el acto en todo momento apuntó unas cifras poco superiores a los cien mil manifestantes en concordancia con lo expresado por el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Constantino Méndez. Por la otra, la Consejería de Interior situó la convocatoria en un millón y medio de personas, cifra muy superior a la reflejada por las instancias del Ejecutivo central. Desde la asociación que convocó la protesta se llega algo más lejos al poner el límite en casi dos millones de individuos, algo inestimado por la mayor parte de los que visionaron la manifestación, entre ellos la Policía Local de Madrid.
El Gobierno central prepara una nueva Ley de Víctimas que tiene como principal objetivo mejorar la protección que tienen las víctimas de todo tipo de actos terroristas. Esta propuesta, que probablemente se aprueba poco antes de que llegue la época estival, tiene su fundamento en la crítica que realizó la integrante del Partido Socialista de Euskadi, Maite Pagazaurtundúa, contra los actuales dirigentes de la formación en el País Vasco y contra el Partido Popular, a quien le conminó a tender puentes para que la colaboración en materia antiterrorista entre los principales polos políticos españoles no sólo no termine de romperse sino que mejore hasta un punto similar al existente hace algunos años, en que se firmó el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos que dejaba fuera de juego al brazo político del terrorismo vasco, Batasuna.
Esta reforma, que perfecciona a la denominada Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo realizada en 1999, permite que la protección de las víctimas no tenga límite temporal, la unificación de la legislación vigente ya que hasta este momento existe una duplicidad de indemnizaciones que iguale la cuantía de éstas y supere la filosofía de reparación moral. Al mismo tiempo, recoge que los trámites se hagan más fáciles con una “ventanilla única” presidida por el respeto a la integridad moral y la dignidad de las víctimas, incluyendo un código deontológico que evite la difusión de imágenes que puedan agudizar el sufrimiento de éstas.
La aparición de una plataforma catalana integrada principalmente por personas contrarias al nacionalismo existente en esta comunidad autónoma ha movido los cimientos de la política progresista de la región española. La asociación, que tiene por nombre Ciudatans de Catalunya surgió a la vera de la izquierda socialista que hasta hace pocos años no estaba tan escorada hacia los movimientos más independentistas ocupados antaño por Convergencia i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña. Sus principales dirigentes son el intelectual Francisco de Carreras, el escritor y periodista del diario La Vanguardia, Arcadi Espada, el también escritor Félix de Azúa y el director de la compañía teatral “Els Joglars”, Albert Boadella, quienes actualmente se sitúan ideológicamente en un espectro de centro moderado, cercano a lo defendido por el Partido Popular en la primera legislatura del Gobierno de José María Aznar.
Para este nuevo partido que pretende presentarse a las próximas elecciones de Cataluña, tiene como principales principios a desarrollar los siguientes: el principio de ciudadanía por el que el que los derechos recaen en las personas, la idea básica de libertad y justicia, una firme apuesta por el laicismo, garantizándose la neutralidad de la Administración competente en asuntos religiosos e ideológicos, y el bilingüismo y la defensa de la Constitución como garante de todos los derechos previos. Según los promotores de esta iniciativa, la mayor parte de los ochocientos afiliados que ha alcanzado en pocos días esta asociación procede en su mayoría del Partido Socialista de Cataluña (PSC), seguido en menor medida del Partido Popular de Cataluña (PPC) y de otros como Convergencia i Unió (CiU) o Iniciativa per Cataluña (ICV). Las posibilidades que tendrían en un proceso electoral se estimarían en el alcance de al menos tres escaños que tendrían su origen en los partidos vertebradores del Estado, Socialista y Popular.
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