El pasado 22 de enero de 2005 la AVT convocó una manifestación bajo el lema “Memoria, Dignidad y Justicia” que recorrió el tramo comprendido entre Cibeles y la Puerta del Sol en Madrid. Las previsiones de asistencia al acto se vieron desbordadas y apenas había policías cubriendo la manifestación. Todos ustedes lo recordarán, ya que durante la marcha tuvo lugar el episodio bochornoso que dio lugar a uno de los capítulos más negros de nuestra democracia.

El ministro Bono, acompañado de un cámara de televisión, se metía en medio de la manifestación mientras sus compañeros de partido, Jordi Sevilla y Rafael Simancas, se encontraban en la cabecera destinada a los políticos. Y se armó la marimorena. Personas exaltadas y, sin duda, con poca educación, comenzaron a abuchear al ministro más medallista del gobierno. A partir de ahí es sabido lo que sucedió: el ministro acusó a persona o personas desconocidas de haberle agredido y, posteriormente, tras anunciar el delegado del gobierno en Madrid, fueron detenidos dos militantes del Partido Popular de Las Rozas, Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios. Un ama de casa y un jubilado.

Por cierto que fue, casualidades de la vida, la Cadena SER, tras entrevistar al Secretario General del PP de Las Rozas, quien anunció a bombo y platillo que estas dos personas eran militantes del PP e incluso que una de ellas, Antonia, pertenecía a la Cruz Roja local. Algún medio de comunicación, vocero del gobierno, llegó a afirmar que el ministro habría sido agredido con ¡una barra de hierro!

Bono, probablemente dolido porque esperaba aplausos y se llevó un sonoro abucheo –lo cual, querido ministro, entra en su sueldo- , se fue de gira mediática hablando de la “extrema derecha”, agresiones contra su persona y la de su hijo, fascismos varios, de lo buena persona que es y que había acudido al acto a “título personal”... sólo le falto auto-otorgarse una medalla al valor para completar el número circense.

Ni un solo parte de lesiones del ministro. Ni tan siquiera presentó denuncia. Y esto, que no lo olvide nadie, fue la espita que abrió los ataques e insultos contra la AVT.

Pues bien, ha transcurrido casi un año de aquello. La causa contra los dos militantes del Partido Popular ha sido definitivamente archivada porque su único “delito” fue salir en una foto junto a un ministro y ser afiliados del principal partido de la oposición. ¿Recuerdan al Fiscal General del Estado hablando de “actitudes vociferantes”?

Pero, tras iniciar el PP acciones legales, hay tres policías imputados por presuntos delitos de falsificación de documentos y detención ilegal. El PP pide para estos tres señores 22 años de prisión y las dos víctimas de las detenciones ilegales ya han anunciado que donarán los 12.000 euros que han solicitado como indemnización, si ganan el juicio, a la AVT.

Un miembro del SUP declaró a El Mundo Televisión que preferiría que este asunto se llevara al ámbito político. Pues discrepo. Estos señores presuntamente han cometido delitos gravísimos. Y por muy policías que sean, no están exentos de cumplir la ley. Una cosa son las responsabilidades políticas, y otra, los delitos.

Según pasaba el tiempo, nos fuimos enterando que se había cambiado de instructor tres veces – barrunto yo que alguien no debía de estar satisfecho con las pesquisas realizadas -, que varios policías habían sido cesados por negarse a practicar detenciones ilegales, que en los atestados policiales no se había encontrado prueba o indicio de agresión alguna al ministro… todo un cúmulo de irregularidades con un solo objeto: practicar detenciones políticas. Como en tiempos de la dictadura.

“El ministro quiere detenciones y habrá detenciones”, “si el ministro dice que le han agredido, le han agredido, eso no se pone en duda”…

Ha pasado casi un año y nadie ha dimitido. Constantino Méndez, el delegado del gobierno que, en una entrevista para RNE llegó a afirmar que iban a “construir” las pruebas, sigue en su puesto demostrando, manifestación tras manifestación, que no sabe sumar. Bono sigue de gira vendiendo armas a dictadores y sin pedir perdón por aquel numerito. Y Alonso, ministro del Interior y máximo responsable político, al que el PP quiere citar en el juicio que tendrá lugar en abril, en su puesto. El Fiscal General del Estado aún no ha rectificado su doctrina de los “vociferantes”. Es más, fue la Fiscalía la que en las diligencias abiertas por las detenciones ilegales ejerció como defensa ¡de los presuntos delincuentes!.

Y yo me pregunto ¿esto es el talante? Ha pasado casi un año y alguien debe dimitir. Por higiene democrática. Y no estaría de más que el presidente del talante condenara las detenciones ilegales. Pero esto, me temo, sería ya mucho pedir. ¿Se imaginan que esto hubiera sucedido bajo un gobierno del PP y que los dos detenidos ilegalmente hubieran sido militantes del PSOE? Pues eso.