A medida que los clientes piden plazos de pago más largos, o intentan renegociar los precios, las empresas necesitan dedicar cada vez más tiempo y recursos a asegurar sus ingresos. Así lo refleja la nueva edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum, presentada hoy a nivel internacional y que analiza la salud financiera y las previsiones económicas de las empresas de 29 países de toda Europa -entre ellos, España-.

Veinticuatro Procuradoras y Procuradores, han presentado a título personal, escrito ante el Tribunal Supremo, anunciando la interposición de Recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra el RD 307/22 de 3 de mayo por el que se modifica el RD 1373/2003 de 7 de noviembre por el que se aprueba el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales.

Se trata de una nueva normativa que entró en vigor a finales de 2020, la cual establece su obligatoriedad para empresas, despachos, asesorías o negocios autónomos cuyo domicilio fiscal se encuentre en el País Vasco.

Como aclara el Banco de España, cada entidad bancaria cuenta con la libertad de decidir el importe o precio que considera oportuno por prestar sus servicios, a excepción de las operaciones con gastos máximos establecidos por la normativa actual. También es importante indicar que hay gastos que no deberían cobrar las entidades bancarias y que podrían ser reclamados por los usuarios.