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Jorge Hernández Mollar
Artículo de opinión
Jorge Hernández Mollar
“El español pertenece a muchos millones de seres que no son españoles, porque es nuestro patrimonio común más consistente y porque si se rompe, todos quedamos rotos”

Desde el final de nuestra guerra civil hasta la proclamación de nuestra Constitución de 1978, España atravesó un largo desierto político en el que muchas generaciones transitamos conducidos por un general acaudillado desde una victoria fratricida que le coronó con todos los poderes absolutos del Estado.


El aislamiento de nuestra nación en el contexto internacional, reforzó aún más el liderazgo del general Franco que rodeado de un gobierno monolítico reconstruyó una España devastada, rota económica y socialmente. El régimen franquista renegó de cualquier tipo de participación política a través del sistema de partidos y formulando la democracia como “orgánica”, instituyó la familia, el municipio y el sindicato como los únicos cauces de representación de la sociedad.


El sufragio universal, el parlamentarismo y la participación de los ciudadanos a través de los partidos políticos, estaban anatematizados. El socialismo y el comunismo, los grandes derrotados de la contienda junto a la república, no podían ni debían coexistir con un régimen esencialmente militar y de partido único. Estaban proscritos del lenguaje, de la educación y de la vida ordinaria de los españoles.


Durante casi cuarenta años, millones de españoles nos educamos, trabajamos y convivimos en una paz, si se quiere impuesta pero real, hasta la muerte del dictador que ocultó durante su largo mandato la persecución y el hostigamiento a quienes osaban discrepar de su dictatorial forma de gobernar el país.


Después de su muerte su frágil castillo de naipes se desmoronó y aquellos que aplaudieron y aprobaron sus leyes fundamentales u ordinarias se autoinmolaron ejemplarmente ante una inevitable presión de la lógica política y democrática : el caudillismo fascista y comunista era incompatible con una Europa que día a día iba forjando un proyecto de construcción común de intereses económicos y políticos sobre los principios de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.


El Rey Juan Carlos junto al comunista Santiago Carrillo y el socialista Felipe González facilitaron con el conservador Manuel Fraga y el centrista Adolfo Suárez, el transitar hacia una España donde el espíritu de concordia y de convivencia pacífica ayudara a superar la fractura social y política que había provocado un régimen agotado y desaparecido con la persona de su fundador.


La Constitución de 1978 nos ha proporcionado a los españoles el período más largo de entendimiento, paz y desarrollo. El esfuerzo y la laboriosidad de los españoles junto al ingreso en la Unión Europea, ha contribuído de una manera inimaginable a la modernización y construcción de nuestras infraestructuras de comunicaciones, del urbanismo, medio ambiente y de nuestra producción agrícola o pesquera.


La movilidad sin fronteras en todo el territorio europeo ha sido un espacio de seguridad y libertad inimaginable para que nuestros jóvenes disfrutaran de grandes oportunidades de formación cultural, profesional y empleo. Por otra parte el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado sobre el principio de la separación de poderes como la Corona, las Cortes Generales y el Poder Judicial han garantizado durante todos estos años un largo período de prosperidad y de estabilidad social y política.


Esta nueva conmemoración de nuestra Carta Magna, cumplidos ya cuarenta y dos años desde su nacimiento, se aleja del oropel que la rodeaba en el Congreso de los Diputados. La gestión de la pandemia por un lado y por otro el desorden constitucional que rodea a la acción política, económica y sanitara del gobierno filocomunista de Pedro Sánchez están poniendo en serio riesgo de involución los principios que la animaban y los fundamentos que la han hecho perdurar.


La Corona cuestionada desde el propio Gobierno, las Cortes Generales en hibernación y limitada su capacidad de representar la voluntad popular y el Poder Judicial cada vez más mediatizado en su independencia han dejado de ser la garantía del buen gobierno y administración de los intereses de la sociedad española.


Si a esto le añadimos el caos y descoordinación por parte del Gobierno y de las Autonomías en el funcionamiento de las competencias sanitarias ante una emergencia nacional y el rechazo social que está originando la nueva Ley Celaá, amén de las permanentes declaraciones y amenazas para enterrar la Constitución, existen motivos más que suficientes para que la sociedad civil exija que las instituciones del Estado reaccionen y eviten no ya la ruptura del mismo sino el restablecimiento del orden constitucional hoy en peligro.


“Escribo contra el uso ignorante de nuestro idioma, porque el español pertenece a muchos millones de seres que no son españoles, porque es nuestro patrimonio común más consistente y porque si se rompe, todos quedamos rotos y sin la fuerza que algún día podemos tener juntos”


Esta clarividente reflexión de Fernando Lázaro Carreter, que en su día fue Director de la Real Academia Española, profetiza nuestra ruptura constitucional si al menos no somos capaces de garantizar nuestro patrimonio común más querido y reconocido mundialmente: la lengua española,

¿seremos capaces de evitarlo? España y su Constitución lo merecen. 

Artículos del autor

El Estado no puede conceder ningún derecho fundamental al hombre como persona, ya que ésta los posee por su propia naturaleza y solo debe limitarse a reconocérselos o en su caso a protegerle contra quienes quieran privarle del ejercicio de alguno de ellos. Todo lo contrario de lo que este gobierno filocomunista hace cada día desde su ya descarado totalitarismo.

Todas estas leyes han sido fruto de intensos debates, discrepancias e incluso polémicas públicas y han venido impuestas por la mayoría parlamentaria de unos u otros partidos, nunca por un pacto de Estado como hubiera sido lo deseable. La actual Ley Celáa añade a esta nueva imposición ideológica de dirigismo claramente estatalista, unos factores que la hacen aún más alarmante.

Hacía tiempo que no me emocionaba ante una pantalla de cine o televisión, como lo he hecho después de “revivir” con toda intensidad y emoción la trágica y larga historia de los casi 50 años del terrorismo etarra relatada con un rigor y profesionalidad encomiable en la serie “El Desafío: ETA”.

He de reconocer mi perplejidad por lo que se ha vivido estos días en el Congreso de los Diputados a cuenta de la fallida moción de censura de Santiago Abascal y que ha originado una tormenta política de inciertas consecuencias para el espacio electoral que hoy ocupan los tres partidos mayoritarios de la oposición.

Resulta sorprendente que sea la juventud de dos emblemáticas Universidades como son las de Granada y Salamanca las más transgresoras de las normas que intentan proteger su salud y la de sus familiares o conciudadanos. Puedo entender que sean los jóvenes los más intrépidos, arriesgados y valerosos ante situaciones límite que se presentan a lo largo de nuestra existencia: guerras, manifestaciones, actividades deportivas etc.

No deja buen sabor de boca arremeter contra los defectos o los estigmas de una persona, ya se encargan otros de adjetivarlos y airearlos, pero nada me detiene combatir con firmeza y sin ambages las ideas y decisiones que son destructoras del bienestar y la dignidad de la persona y por ende de la sociedad en la que vivimos.

No me cabe duda que algún historiador, con el mejor estilo galdosiano, inmortalizará los recientes episodios de la vida nacional de este siglo. Resulta inaudito la trascendencia que están teniendo para esta España aturdida y maltratada, los dos personajes de la izquierda más revolucionaria y agresiva que hemos conocido desde el régimen franquista.

Nada de lo que estamos viviendo y soportando los españoles durante estos ya largos meses de pandemia sigue las reglas de la lógica y de la razón: un virus extraño y desconocido que ha cambiado de raíz nuestros usos, costumbres e incluso nuestros hábitos sociales, culturales o religiosos; un vertiginoso derrumbe de nuestra economía que ha originado ya una peligrosa caída del 18,5 % del PIB durante el segundo trimestre de este año.

 
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