“Emolumento” es una palabra que solía usarse muy poco, e incluso era prácticamente desconocida, hasta que Donald Trump asumió la presidencia. Ahora circula en las noticias políticas de forma cotidiana, y es el núcleo de varias demandas judiciales que acusan al presidente Trump de corrupción. El problema de las retribuciones extras que percibe un funcionario público es algo que se menciona en pocas ocasiones en la Constitución de Estados Unidos: una de ellas es en la cláusula de emolumentos extranjeros. Hay una cláusula paralela de emolumentos domésticos, que según los demandantes Trump también estaría infringiendo. Trump dijo al periódico The New York Times en noviembre del año pasado, después de ganar en el Colegio Electoral pero perder en el voto popular: “La ley está completamente de mi lado, es decir, el presidente no puede tener conflicto de intereses”. Esta ola de demandas judiciales va en contra de su declaración, a medida que se acumulan pruebas de su enriquecimiento personal gracias a la presidencia.

La octava cláusula del Artículo I, Sección 9 de la Constitución estadounidense establece: “Ningún título de nobleza será otorgado por Estados Unidos: y ninguna persona que tenga un cargo retribuido o de confianza aceptará, sin el consentimiento del Congreso, ningún presente, emolumento, cargo o título, de cualquier clase, de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero”. Nadie acusa a Trump de aceptar un título de nobleza, aunque ¿quién se sorprendería si lo hiciera? Pero una abundancia de emolumentos parece haberle caído a Trump desde que asumió el cargo, algunos recibidos de manos de gobiernos extranjeros con importantes negocios con Estados Unidos. Hasta el momento, tres prominentes demandas procuran remediar esta situación. Una de ellas fue presentada pocos días después de que Trump asumiera el cargo por el observatorio sin fines de lucro CREW (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington). Otro fue presentado el lunes por los fiscales generales de Washington DC y Maryland. Y a pesar del tumulto en Washington causado por el terrible tiroteo en una práctica de béisbol de congresistas republicanos en la que cinco personas resultaron heridas –entre ellas Steve Scalise, jefe de bancada de la Mayoría republicana de la Cámara de Representantes– una tercera demanda fue presentada el miércoles por aproximadamente 200 miembros demócratas del Congreso.

Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había generado una serie tan importante de conflictos de interés con negocios reales y potenciales del presidente. Donald Trump tiene inversiones en bienes raíces y otros negocios en todo el mundo. La revista The Atlantic ha estado compilando una lista de sus potenciales conflictos de interés y ha enumerado no menos de 44 casos graves en los cuales su beneficio personal podría depender de acciones gubernamentales o políticas de Estados Unidos sobre las cuales preside.

La demanda de CREW denuncia un canal directo de dinero proveniente de gobiernos extranjeros para la familia Trump a través del nuevo Hotel Trump International en la avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Casa Blanca. CREW alega que “desde las elecciones del 8 de noviembre de 2016, diplomáticos extranjeros se han hospedado en el hotel del demandado, ansiosos de recibir el favor del demandado y temerosos de lo que pudiera pensar o hacer si recurrían a los servicios de otros hoteles de Washington. El hotel también contrató a un ‘director de reservas diplomáticas’ para facilitar los negocios con Estados extranjeros y sus diplomáticos y agentes”. La demanda continúa: “Un diplomático de Medio Oriente declaró al [periódico] The Washington Post sobre el hotel: ‘Créanme, todas las delegaciones irán allí’”.

La demanda impulsada por los fiscales generales de Washington DC y Maryland explica: “Después de la toma de posesión presidencial del acusado, este sigue ejerciendo la propiedad y control de cientos de empresas en todo el mundo, como hoteles y otras propiedades. Su imperio de negocios comprende una variedad de corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita y otras entidades que posee o controla, totalmente o en parte, que operan en Estados Unidos y al menos en 20 países extranjeros”. La demanda fue presentada para que, entre otras cosas, “las familias estadounidenses no tengan que estar adivinando si un presidente que envía a sus hijos e hijas a morir en tierras extranjeras actúa en base a sus intereses comerciales privados”.

La demanda del Congreso, encabezada por el senador de Connecticut Richard Blumenthal y el congresista de Washington John Conyers, reitera muchas de las presuntas violaciones constitucionales de la cláusula sobre emolumentos por parte de Trump, pero se centra en un punto clave: “sin el consentimiento del Congreso”. Esta demanda pretende que los tribunales obliguen a Trump a solicitar la aprobación del Congreso antes de recibir retribuciones dinerarias, o “emolumentos”, que provengan de negocios con Estados extranjeros. Una condición fundamental que exigen los demócratas del Congreso es la publicación de las declaraciones de impuestos de Trump.

La codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan por la Justicia, Elizabeth Goitein, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Hemos visto una y otra vez que este presidente cree estar por encima de la ley de varias formas. En una democracia nadie está por encima de la ley, ni el presidente ni nadie más”.

El mismo día en que los demócratas del Congreso presentaron su demanda, el periódico The Washington Post publicó la noticia de que el asesor especial Robert Mueller estaba investigando a Trump por una posible obstrucción de la justicia en relación con el despido del director del FBI, James Comey. Todo esto justo el día del cumpleaños número 71 de Donald Trump.