Varias ONG denuncian que las autorizaciones de venta de armas españolas superaron los 8.000 millones de euros en 2012
Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 25 de junio de 2013, 12:24 h (CET)
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Fundació per la Pau denunciaron este martes que durante 2012 el Gobierno español autorizó exportaciones de armas y material de defensa por valor de más de 8.000 millones de euros, una cifra que, indican en una nota, representa un aumento del 150% respecto a las autorizaciones del año anterior.
Las ONG explican que de la cifra total de exportaciones autorizadas el año pasado, las ventas reales de armas españolas al exterior en 2012 sumaron 2.200 millones de euros, lo que supuso una caída del 13,6% respecto al año anterior.
Estos datos están incluidos en el informe ‘La crisis económica no afecta a las exportaciones de armas españolas’, publicado hoy por las citadas organizaciones.
En el documento exponen que las ventas de material de defensa y de doble uso civil y militar en 2012 se realizaron en un contexto de clara tensión entre las limitaciones que establece la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior, y manifiestan que el objetivo del Ejecutivo, "expresado de forma explícita por su titular de Defensa, Pedro Morenés", es apoyar la industria armamentística para exportar más armas.
PREOCUPACIÓN DE LAS ONG
La responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional, María del Pozo, señaló que “nos preocupa que con esta política del Gobierno se relajen los controles y se lleven a cabo operaciones cuando existe un claro riesgo de que el material vendido se use para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos”.
Por su parte, el director de Fundació per la Pau, Jordi Armadans, declaró que “la deuda histórica acumulada por el Gobierno con diversas empresas españolas de material de defensa es la causa principal de la disminución en las adquisiciones y, a la vez, del interés en que aumenten las exportaciones”.
Las cuatro organizaciones manifiestan que el Gobierno, en su informe anual sobre las ventas de material de defensa en 2012, ofrece una información detallada sobre las operaciones realizadas, los productos, el usuario y el uso final y, en este sentido, destacan que es “muy positivo” que haya casos en que el Gobierno haya aplicado el enfoque preventivo de la ley y denegase ventas ya autorizadas cuando hay dudas sobre el destinatario o uso final de los productos.
Sin embargo, añaden, persisten las ventas preocupantes, entre las que destacan algunas a países de la Unión Europea, como Francia -implicada en la ofensiva militar en Mali-, y las realizadas a países del norte de África y de Oriente Próximo y los materiales destinados a Bahréin, Egipto y Arabia Saudí, que corren el riesgo de ser usados para cometer violaciones de los derechos humanos.
Además, insisten en que ha habido transferencias de armas y munición que pueden ser calificadas de “especialmente preocupantes”, debido a la naturaleza del material exportado y al riesgo de que éste pueda ser usado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos por parte de sus destinatarios en Colombia, Pakistán, Ghana, México, Israel y Estados Unidos.
Las ONG recomiendan al Gobierno aumentar el control de esas "operaciones preocupantes" para los derechos humanos aplicando la dimensión preventiva de la ley, modificar la legislación española y adaptarla a la ‘regla de oro’ del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que supone la no autorización de transferencias de armas para cometer atrocidades.
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