Dependencia. Los directores de servicios sociales dicen que el "discurso trampa" de Mato traerá un decreto "canalla" de copago
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lunes, 9 de julio de 2012, 19:36 h (CET)
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- Advierten de que los recortes impedirán a las CCAA seguir prestando algunos servicios
MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, calificó este lunes de "canalla" el decreto de copago que prepara el Gobierno para los dependientes y afirmó que se enmarca en el "discurso trampa" de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, "que dice una cosa y luego en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace otra".
Ramírez hizo estas consideraciones a los periodistas en el transcurso del 'Debate sobre el Estado social de la nación', un encuentro entre directores de servicios sociales, trabajadores sociales, políticos y sindicatos que se celebra hoy y mañana en Madrid para analizar, como su nombre indica, la situación social de España y para denunciar la falta del debate sobre el estado de la Nación.
El presidente de los gerentes de servicios sociales lamentó tenerse que haber enterado de las reformas que piensa llevar a cabo el Gobierno en la Ley de Dependencia al "estilo wikileaks", es decir, por los medios de comunicación y sin una información clara y directa a los sectores implicados.
En su opinión, la norma de la Dependencia es "el mayor avance en protección social que existe en España en los tres últimos lustros", ya que ha conseguido un derecho subjetivo de ciudadanía y ha beneficiado a 750.000 personas, aunque ha dejado también en "el limbo" a otras 250.000.
Desde esta perspectiva, prosiguió Ramírez, no se puede atacar como se está atacando al sistema de Dependencia, que solo con las reformas ya hechas ha dejado "a los pies de los caballos" a las comunidades autónomas, que, en algunos casos, van a tener que dejar de prestar servicios a beneficiarios a los que ya atendían.
Y esto, indicó, solo con las reformas ya hechas, que han supuesto la desaparición del nivel acordado de la Ley de Dependencia y, por tanto, dejar sin 283 millones de euros a las autonomías.
"DECRETO CANALLA"
Pero, prosiguió el representante de los directores de servicios sociales, lo peor es que el Ejecutivo prepara más reformas como la llegada de un "decreto canalla" para modificar el sistema de copago de los beneficiarios de la ley
Y es que, opinó Ramírez, como el de Mato es un "discurso trampa", ya que "dice una cosa y luego en el BOE hace otra", hay que temerse lo peor.
Así, prosiguió, el decreto del copago, que analizarán este martes Ejecutivo central y CCAA, pretende incluir como renta de los beneficiarios del sistema de Dependencia parte de su patrimonio, lo que significará, a su entender, "descapitalizar" a los mayores de 65 años.
"Es una medida que recuerda a la época de la hipoteca inversa y que ataca el derecho individual y el de ciudadanía en un sistema social público como el de la Dependencia", dijo Ramírez.
Finalmente, se refirió a la situación de los cuidadores familiares de personas dependientes, a quienes con la modificación legal no se pagará, según lo que se ha filtrado hasta el momento, la cotización a la Seguridad Social.
"Es verdad que hay un sobredimensionamiento de los cuidadores no profesionales, pero es falso que haya un fraude generalizado", señaló a este respecto el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.
EL INFORME
Por su parte, Gustavo García, uno de los redactores del 'Informe sobre el estado social de la nación', explicó que este trabajo analiza los datos de diferentes investigaciones previas que advierten de que en España hay actualmente un "elevado riesgo de pobreza y exclusión social", tanto que afecta ya casi a 12 millones de personas.
Este hecho se ve, por ejemplo, en que uno de cada tres hogares tiene graves problemas para asumir gastos imprevistos y en que uno de cada cuatro sufre dificultades también para llegar a fin de mes.
Y esta situación no sería tan grave, según dijo, si el sistema fiscal fuera más justo y obligara a las rentas altas a contribuir más, lo que ayudaría a activar el consumo y el empleo.
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