El PP pregunta al Gobierno por la adquisición de una tecnología de videovigilancia para las fronteras vetada en otros países

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular registró este viernes en el Congreso una batería de preguntas por escrito con la que pide al Gobierno explicaciones sobre la adquisición y el despliegue de cámaras de videovigilancia que opera en el vallado fronterizo de Ceuta y Melilla en manos de la china Hikvision, empresa "vetada por nuestros principales aliados".

Según apunta el PP en la iniciativa, la adquisición y el despliegue de cámaras de este fabricante es "preocupante", ya que esta compañía "ha sido señalada como un riesgo para la seguridad nacional" y sus productos han sido "vetados" en países como Estados Unidos y el Reino Unido y también en el Parlamento Europeo.

Para el PP, la decisión de confiar la seguridad de una de las fronteras "más sensibles" de Europa a una empresa con "presuntos vínculos con el Partido Comunista de China" exige que el Gobierno explique "con absoluta transparencia este asunto", especialmente en lo que respecta "a la seguridad de los datos, la protección de infraestructuras críticas y la integridad de las comunicaciones".

En este sentido, el PP pregunta al Ejecutivo si ha considerado realizar algún tipo de evaluación de riesgos, en materia de ciberseguridad, antes de adjudicar el contrato de renovación al fabricante chino Hikvision y si pude garantizar que el uso de estas cámaras es "seguro" en cuanto al tratamiento de las imágenes y/o datos para que "en ningún caso puedan ser usados por parte de servicios de inteligencia extranjeros".

También quiere saber si el Gobierno, durante el proceso de adjudicación, tuvo en cuenta que Hikvision había sido vetada por su "presunta vinculación con el Gobierno chinos" en países "aliados" como Estados Unidos y el Reino Unido, y si ha solicitado al CNI algún informe preceptivo sobre "los riesgos y vulnerabilidades que la tecnología Hikvision podría suponer para la seguridad nacional".

Entre otras cuestiones, los populares también buscar que el Ejecutivo explique si tiene previsto revisar los contratos con empresas tecnológicas chinas que operan para el servicio y mantenimiento de algunas infraestructuras críticas del Estado, "a la luz de las advertencias a España de los servicios de inteligencia de algunos países de la UE y la OTAN".