Los inspectores de Hacienda exigen la dimisión de Montero por la financiación catalana y advierten de la "voladura del sistema tributario actual"

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) pidió este miércoles la dimisión "inmediata" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la financiación singular de Cataluña anunciada este pasado lunes y avisaron de que si comienza este sistema por la recaudación del IRPF el próximo año, como prevén, sería el "inicio de la voladura del sistema tributario actual".

La presidenta del IHE, Ana de la Herrán, ofreció una rueda de prensa junto a otros dos representantes de la asociación a propósito de la financiación singular de Cataluña en la que Herrán expuso la "incompetencia manifiesta en la dirección del Ministerio, que debería no aplicar este acuerdo" y que no ha explicado las razones del pacto con la Generalitat de Cataluña.

De la Herrán afirmó que la redacción es "muy confusa" y "da lugar a la ambigüedad", no tiene en cuenta la opinión del resto de comunidades autónomas, tendrá consecuencias "muy graves de carácter irreversible", es "una mala noticia para todos los españoles, incluidos los catalanes" y "no hay un solo argumento de carácter técnico" que avale la bondad del acuerdo.

En un análisis del texto, la presidenta del IHE explicó que ve "muy difícil" aplicar el traspaso de recaudación y funcionarios "de la noche a la mañana sin ningún tipo de consecuencia" y requiere de "años" para llevarlo a cabo.

También puso sobre la mesa las dificultades para hacer comprobaciones en la lucha contra el fraude al haber distintas bases de datos -una estatal y otra catalana- y habló de una "posibilidad abierta" y "clara" al fraude fiscal. En un documento del IHE presentado hoy titulado 'Nuevos pasos hacia la independencia fiscal de Cataluña' especifican que "una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude". En el caso de comprobación de grandes patrimonios, señalan que si se fracciona la Agencia Tributaria estatal, "este control para detectar conductas irregulares de los grandes patrimonios no se podría hacer para los contribuyentes domiciliados en Cataluña" porque se realiza actualmente de forma centralizada con criterios recibidos de la Unidad Central de Control de Patrimonios Relevantes.

De la Herrán también aseveró que "no es acorde la solidaridad con el principio de ordinalidad", como defienden desde la Generalitat, y que se ha pedido una reunión urgente por este asunto.

En cuanto a la recaudación del IRPF el año que viene, apuntaron que Cataluña "siempre percibirá mucho más de lo que realmente va a aportar" y si este régimen se generaliza entre el resto de autonomías, el Estado podría quedarse sin ingresos para financiar sus funciones y "desaparecería".

Además, una empresa domiciliada en Cataluña que tenga trabajadores por todo el territorio nacional tendría que remitir las retenciones del IRPF y se ingresarían en la hacienda catalana, pero a quienes trabajen fuera de Cataluña y corresponda devolución la pedirían a la Agencia Tributaria estatal. Al final, "esta situación hace imposible que Cataluña recaude el 100% del IRPF sin que se resienta la gestión del impuesto", reza el documento presentado hoy.

Preguntados precisamente por la cifra que dejaría de recaudar el Estado por la cesión a Cataluña, señalaron que es "imposible" conocerla por la falta de concreción y diferenciaron esta financiación para Cataluña con el cupo vasco, regulado desde el inicio de la democracia y "perfectamente desarrollado".

En cuanto a si presentarán acciones legales, explicaron que no están habilitados para ello, pero sí que ayudarán a quienes les pidan apoyo legal.