El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional la desprotección del lobo

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que eliminan la protección legal del lobo ibérico y permiten su caza al norte del Duero y abren la puerta a la actividad cinegética en el resto de España.

El lobo ibérico era una especie protegida en toda España desde el 22 de septiembre de 2021, momento en que entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y dejó de ser cinegética al norte del Duero, con lo que su caza deportiva estaba prohibida desde entonces en todo el país.

Esa situación cambió el pasado 2 de abril, cuando volvió a permitirse la caza deportiva del lobo ibérico al norte del río Duero gracias a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Esa norma incluye enmiendas introducidas por el PP en el Senado y respaldadas en el Congreso por Vox, el PNV y Junts para rebajar la protección del lobo con el argumento fundamental de reducir los ataques loberos al ganado en Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León, donde se concentra cerca del 90% de los lobos ibéricos en España.

El último censo del lobo ibérico refleja que España cuenta con 333 manadas (un 12% más que en 2019 y lejos de las 500 que garantizan su viabilidad genética), lo que significa que continúa en situación desfavorable y tiene una población de entre 1.600 y 1.700 individuos, una cifra inferior a la del lince ibérico, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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En un escrito fechado este jueves y al que tuvo acceso Servimedia, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, indica que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones de la mencionada ley al considerar que "vulneran" el artículo 45 de la Constitución Española, que indica que "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".

Además, apunta que las disposiciones recurridas también contravienen el artículo 24.1 de la constitución, que recalca que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Esta decisión se suma al auto dictado el pasado junio por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que decidió paralizar cautelarmente la resolución de la Xunta que permite la caza deportiva del lobo ibérico en esa región en la temporada 2024/2025 al entender que podría afectar a la viabilidad de las poblaciones de esa especie.

"HACERSE UN COMPLETO"

Por otro lado, el Partido Animalista Pacma celebró la decisión del Defensor del Pueblo, pues solicitó formalmente a esa institución a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Desperdicio Alimentario, ya que solo están facultados para ello la institución dirigida por Ángel Gabilondo, el presidente del Gobierno, 50 diputados o 50 senadores.

El Pacma alegó entonces que el Congreso "carecía de competencia, facultad o atribución alguna para excluir a una especie del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial", ya que ello compete al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Defensor considera que la disposición que permite la caza del lobo al norte del Duero supone "un ejemplo de ley singular autoaplicativa" y que excluir al lobo del Lespre "no constituye un ejercicio normal de la potestad legislativa, sino una actividad, material y típicamente ejecutiva".

"La Constitución otorga la potestad legislativa al Congreso y la ejecutiva al Gobierno", apuntaron desde el Pacma, que recriminaron la "injerencia" de la Cámara Baja en "una potestad que no le corresponde". "Le falta juzgar también, en este caso, para hacerse un completo", añadieron.

Respecto a la disposición que abre la puerta a la caza del lobo al sur del Duero cuando se modifique la Directiva Hábitats de la UE, el Defensor del Pueblo apunta que incumple el artículo 45 de la Constitución de "cohonestar la actividad económica con la protección del medio ambiente, ponderando todos los valores constitucionales protegibles".

"Se ha privado a la ciudadanía de poder participar en la toma de estas decisiones y, por otro, se ha antepuesto la ganadería a la protección del medio ambiente", apuntaron desde el Pacma, que añadió: "El Gobierno debería haber interpuesto un conflicto de competencias y habría paralizado así este atentado contra el lobo".

"LEGISLAR A ESCONDIDAS"

Por su parte, la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, indicó, a través de un comunicado: "No vamos a permitir que el lobo sea el chivo expiatorio de intereses políticos y electorales".

"Lo que han hecho es legislar a escondidas, colando una agresión a la biodiversidad en una ley que no tenía nada que ver. Es un fraude de ley en toda regla y una falta de respeto a la ciudadanía", señaló Pablo Gómez, responsable de Mundo Rural de Podemos Cantabria.