CSIF demanda a Función Pública por el retraso de cinco años en la implantación del teletrabajo

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El sindicato CSIF ha presentado una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

CSIF señala en un comunicado que el teletrabajo, como modalidad laboral a distancia en el ámbito de la Administración Pública, se creó mediante real decreto en 2020 como consecuencia de la crisis de la covid, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público, y fijaba un plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas administraciones públicas.

"Denunciamos que no se han producido avances, por lo que emplazamos al TSJM a que condene a Función Pública por inactividad y le obligue a regular el teletrabajo en la AGE, culminando el desarrollo reglamentario del real decreto en el ámbito de sus competencias", indica el sindicato.

CSIF lleva años reivindicando la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado. Tras la aprobación del real decreto en 2020, CSIF firmó en abril de 2021 el acuerdo por el que se desarrollaba el trabajo en remoto en la Administración General del Estado, y en diciembre de ese mismo año presentó sus alegaciones a la norma durante la fase de consulta pública, que culminó en enero de 2022.

CSIF volvió a exigir ese mismo año a Función Pública que cumpliera lo recogido en el real decreto y, ante la ausencia de respuesta, presentó la primera reclamación administrativa por inactividad a finales de 2022. Posteriormente, en febrero de 2023 volvió a presentar un anuncio de recurso contencioso administrativo que fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que y emplazó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a remitir en un plazo de 20 días el expediente administrativo para formalizar dicha demanda.

Finalmente, dicho expediente fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en mayo de este año, más de dos años después, por lo que CSIF ha procedido a formalizar dicha demanda.