MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Rezero y la Red de Redes de la Economía Social y Solidaria (REAS) celebraron este martes la aprobación en primera vuelta por parte del Consejo de Ministros del "esperado" Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, auspiciado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Así lo reivindicaron en un comunicado en el que subrayaron que esta iniciativa incorporará a la legislación española las directivas europeas de Empoderamiento de los Consumidores para la transición ecológica y la de Derecho a Reparar.
"Estas normas de la UE persiguen garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras a través de una mejor información y el fomento de prácticas empresariales responsables y transparentes, además de promover la reparación de bienes", abundaron.
A su juicio, el anteproyecto de ley "podría sentar las bases" que "conduzcan" a hábitos de consumo "con menor impacto ambiental" y a prácticas empresariales "más respetuosas con el medio ambiente y con las personas consumidoras".
Tras puntualizar que el texto recoge algunas de las medidas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil, entre las disposiciones "más destacadas" del anteproyecto de ley señalaron la mejora de la información y la protección de las personas consumidoras, el "impulso" a la reparación, medidas contra la publicidad engañosa, prohibición de la publicidad de vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también la de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles o la subida de precios en la reventa de entradas por encima del IPC así como la regulación de la reduflación.
"Valoramos positivamente estas medidas y otras contempladas en el anteproyecto de ley", apostillaron, al tiempo que, sin embargo, dijeron echar "en falta" una "mayor concreción" de los requisitos que deben cumplir los productos en materia de criterios sociales de sostenibilidad en la producción, así como disposiciones relativas a sectores de consumo "masivo y de alto riesgo" en materia de impacto medioambiental y social, la creación de un Observatorio de Lavado Verde con participación de la sociedad civil y el control de la publicidad que promueve el sobreconsumo a través de técnicas de manipulación del consumidor.
En este contexto, la responsable de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Eva Kreisler, celebró que "por fin se ponga en marcha la tramitación en España de estas directivas europeas de protección de las personas consumidoras, con la incorporación de medidas ambiciosas en materia de publicidad".
"Esperamos que la propuesta no sea rebajada durante el proceso parlamentario y pedimos al ministerio que habilite canales de comunicación fluidos para que el anteproyecto recoja las demandas de la sociedad civil", resolvió.
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