MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró este jueves que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía "es una buena noticia", convencido de que se trata de "una buena ley, no solo para Cataluña, sino para España".
Así lo precisó en declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación, en Barcelona, en la jornada 'Claves para acabar con la pobreza infantil y la desigualdad', en el marco del ciclo de diálogos 'Voces del Desarrollo Sostenible: La Agenda 2030 en los territorios', que tuvo lugar en la Universidad de Barcelona.
"Me enorgullezco de pertenecer a un espacio político que siempre ha dicho lo mismo en esta cuestión, aunque pagara un precio elevado por ello", aseveró, al tiempo que consideró que "era una insensatez y una mala idea abordar una crisis política y un problema político desde una perspectiva de castigo judicial".
Tras puntualizar que "no era una buena idea ni una manera correcta de resolverlo", Bustinduy denunció que, "al mismo tiempo que estaba desmantelando el Estado del bienestar y ensañándose con las mayorías sociales con sus malditas políticas de austeridad", el Gobierno de Mariano Rajoy "no dudó en reprimir a un movimiento popular pacífico y en perseguir judicialmente a los líderes políticos de un proceso democrático y pacífico".
"Por tanto, creo que es una buena noticia que se corrija aquello que no tenía que haber sucedido nunca", abundó, convencido de que se trata de "una buena ley, no solo para Cataluña, sino para España".
DEMOSTRARÁ SUS VIRTUDES
A este respecto, reivindicó que, además, dicha ley "demostrará en el tiempo sus virtudes, porque lo demostrarán sus efectos". "Va a conseguir que superemos una fase oscura para la democracia española basada en la judicialización de la política, en la represión y en el castigo injustificado de movimientos pacíficos y democráticos", apostilló.
En este contexto, hizo hincapié en que la "mal llamada policía patriótica", que "montó" el gobierno del PP y "por la que todavía no han rendido cuentas" pese a tratarse de "un hecho de una gravedad extraordinaria en una democracia", se formó para "luchar ilegalmente contra el independentismo catalán y después se persiguió a adversarios políticos en Podemos y en todos los movimientos que intentaban democratizar los aparatos del Estado en España".
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