Llegada masiva de inmigración "innecesaria" y la desestructuración familiar, entre las causas de la crisis de vivienda, según un estudio del CEU

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

Un estudio elaborado por CEU - Cefas (Centro de Estudios, Formación y Análisis Social) concluye que las cinco grandes causas que "degradan" el acceso a la vivienda son la obstrucción normativa, el "amparo legal y fáctico" a la okupación y la inquiokupación, una fiscalidad "muy elevada", la llegada "masiva" de inmigración "innecesaria" y la desestructuración familiar.

Respecto a la primera de estas causas, el estudio indica que la "excesiva burocracia" y 0la "lenta concesión de licencias" dificultan la construcción de nuevas viviendas, generando retrasos de hasta 15 años en muchos proyectos urbanísticos.

También lamenta la falta de medidas "efectivas" contra la okupación y la morosidad en alquileres e hipotecas, lo que desincentiva la inversión en el sector inmobiliario y reduce la oferta de vivienda en alquiler. "Las tasas de usurpación de vivienda son muchísimo más elevadas en Cataluña que en el resto de España y entre los inmigrantes que entre los españoles", indica el informe.

Respecto a los inmigrantes, el estudio indica que la llegada de 3,5 millones de inmigrantes más en la última década, pese a que España no ha bajado en ese intervalo de 4 millones de parados reales -sumando parados 'oficiales' y gente que quiere trabajar, pero no busca empleo- ha incrementado "muy significativamente" la demanda de vivienda, especialmente en alquiler.

Asimismo, afirma que la elevada carga fiscal sobre la construcción, venta y mantenimiento de la vivienda encarece los precios, impactando directamente en la accesibilidad para los ciudadanos. "El gasto público, que en España era del 19% del PIB en 1975, en 2023 fue del 45%, sin que los servicios públicos de las AAPP hayan mejorado en España, globalmente, de manera correlativa. Eso encarece mucho, vía impuestos, el coste de construcción y oferta de las viviendas, y merma drásticamente el poder adquisitivo de los españoles para poder acceder a ella" asegura.

Por último, el estudio advierte que la alta tasa de divorcio y la caída de la nupcialidad generan "mucha demanda adicional" de viviendas, contribuyendo al déficit habitacional. "Con las pautas familiares actuales hacen falta tres millones largos más de viviendas que los necesarios con las pautas de hace 50 años, y eso que los españoles se emancipan ahora cinco años más tarde. Solo en el trienio 2021-2023 hubo en España casi 245.000 divorcios legales, más un número no conocido de rupturas de parejas de hecho", apunta.

SOLUCIONES

Asimismo, el estudio destaca que la construcción de vivienda social, una de las soluciones aplicadas en el pasado, ha caído drásticamente en las últimas décadas, con apenas 8.000 unidades construidas anualmente en los últimos diez años, frente a las más de 150.000 que se construían hace cincuenta años. En cuanto a la vivienda social o protegida en alquiler, España sólo cuenta con el 2,5% del total de las que hay en el mercado del alquiler.

Esta cifra contrasta con el promedio europeo, que se sitúa en torno al 9,3%, y con países como Países Bajos, donde el alquiler social supone un 34% del total de viviendas en esta modalidad, Austria (24%), Francia (14%) o el Reino Unido (16,7%). Según datos de la OCDE, España es uno de los cuatro países con menor proporción de vivienda social en alquiler, por lo que según el estudio es "difícil" que la vivienda social -en propiedad o alquiler- pueda producir un alivio significativo en el tensionamiento del mercado de la vivienda en 2025 y años subsiguientes.

Por todo ello, los autores del estudio proponen medidas urgentes como la reducción de la carga burocrática, la liberalización del suelo, la tolerancia cero con la okupación, incrementar la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, la liberalización del mercado del alquiler, el control de la inmigración hacia la adopción de medidas más alineadas con las necesidades reales del mercado laboral y del parque de vivienda disponible, el control de la inversión extranjera o el fomento de la colaboración público-privada.

Y en un plano más de fondo, se plantea el fomento de la estabilidad familiar, algo asimismo imprescindible para poder recuperar una tasa de natalidad que permita el relevo generacional.