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El CGPJ aprueba por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal | |||
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MADRID, 23 (SERVIMEDIA) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido en sesión extraordinaria, aprobó este lunes por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de ley por la que se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El órgano de gobierno de los jueces cumplió así el trámite previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El informe considera que el texto contiene avances formales, pero advierte que la reforma se queda corta en garantías de independencia, contrapesos internos y claridad normativa. El Consejo echa de menos que el anteproyecto del Gobierno no proclame la independencia del Ministerio Fiscal y se limite a hablar de "autonomía". A su entender, esa independencia es condición previa a los principios de legalidad e imparcialidad del artículo 124 de la Constitución. La "autonomía funcional" no es bastante y aboga por una independencia real y visible. El texto introduce avances, como la obligación de que las comunicaciones entre el Ejecutivo y el Fiscal General sean escritas y públicas, y que no puedan referirse a casos concretos. El informe señala, sin embargo, que debería prohibirse de manera clara cualquier orden o instrucción del Gobierno al fiscal general y valora positivamente que su mandato se desvincule del Gobierno de turno y se amplíe a cinco años. Señala también que el Ministerio Fiscal sigue sin presupuesto propio ni potestad reglamentaria. Sin control sobre sus recursos, dice el CGPJ, la autonomía es limitada y la independencia, una "quimera". Critica también que se rebajen las competencias del Consejo Fiscal, que pasa a ser un órgano meramente consultivo, sin capacidad real de control o veto en decisiones clave como traslados forzosos o sanciones de separación del servicio. De ese modo, dice, se debilitan los contrapesos internos y se refuerza el carácter jerárquico de la institución. El texto atribuye al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación penal, de acuerdo con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no se pondrá en marcha hasta que la norma entre en vigor, por lo que puede generarse inseguridad jurídica y advierte sobre el necesario refuerza de los derechos fundamentales de los investigados por ese motivo. El informe también expresa dudas sobre la tramitación de las recusaciones y sobre cómo se garantizará la continuidad de las investigaciones cuando un fiscal sea apartado por estos motivos. |
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