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El Constitucional estudiará durante toda la semana los recursos contra la ley de amnistía | |||
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MADRID, 22 (SERVIMEDIA) El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha ampliado a cinco días el pleno monográfico de la semana próxima destinado a estudiar los recursos sobre la ley de amnistía para emitir después una sentencia. El último Pleno del Tribunal Constitucional decidió que no había lugar, en ese momento procesal, a la apertura de un trámite de audiencia relativa al posible planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), sin perjuicio de lo que pueda decidirse en el próximo Pleno que abordará el fondo del asunto. Así, será en la deliberación del Pleno relativa al recurso de inconstitucionalidad cuando, en su caso, se evalúe la cuestión prejudicial y se adopte la decisión que se estime pertinente. Ese paso había sido solicitado por los magistrados conservadores, que están en minoría en el Pleno. El TC tampoco atendió la petición subsidiaria realizada por los diputados del Grupo Parlamentario Popular para que se suspendiera el debate constitucional sobre la norma hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales. En el proceso de debate de esta ley, el Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado todos aquellos planteamientos dirigidos a alargar el estudio de la ley. Peticiones como la hecha por el Grupo Parlamentario Popular para que Conde-Pumpido se abstuviera en las deliberaciones ha sido rechazada. El Pleno entendió que era una decisión personalísima del juez o magistrado, para cuya eventual adopción no se confiere a las partes derecho subjetivo alguno para solicitarla. El PP había solicitado que Conde-Pumpido se abstuviera de participar en la deliberación, ya que su esposa, Clara Martínez de Careaga, se había pronunciado sobre la Ley de Amnistía siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, sostiene que la norma es constitucional al tratarse de una "medida excepcional" que pretendía resolver una "situación extraordinaria" por lo que está amparada por razones de "interés general" y no viola "derechos fundamentales". |
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