MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el inicio de la tramitación formal de un anteproyecto de ley para garantizar la comercialización de productos libres de deforestación.
Esta norma permitirá garantizar el cumplimiento del reglamento europeo en la materia, que tiene como objetivo reducir al mínimo la contribución de la UE a la deforestación y degradación forestal global.
El texto propuesto establece el régimen sancionador, los procedimientos de control, y los mecanismos de coordinación entre administraciones implicadas (estatales y autonómicas) para asegurar una aplicación eficaz de las nuevas obligaciones comunitarias.
El reglamento de la UE prohíbe la comercialización, introducción o exportación en el mercado europeo de determinados productos vinculados a siete materias primas (ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera) si no cumplen tres requisitos: estar libres de deforestación, haber sido producidos conforme a la legislación del país de origen y estar amparados por una declaración de diligencia debida.
Según el calendario fijado por la normativa comunitaria, las nuevas obligaciones serán exigibles a partir del 30 de diciembre de 2025 para medianas y grandes empresas, y desde el 30 de junio de 2026 para operadores que sean micro y pequeñas empresas.
OFICINA ESTATAL
El anteproyecto de ley crea la Oficina de Lucha contra la Deforestación asociada al Comercio, bajo la dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que tendrá la consideración de autoridad competente estatal.
Esta oficina asumirá las competencias estatales en esta materia y coordinará la aplicación nacional del reglamento comunitario, en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades autónomas y la autoridad aduanera española.
Asimismo, se establece la comisión estatal para la comercialización de productos libres de deforestación, como espacio de cooperación institucional entre el Estado y las comunidades autónomas, responsables de los controles en el mercado interior.
El texto regula también la planificación estatal de los controles, conforme a los requisitos del reglamento europeo, e impulsa la creación de un repositorio estatal de información para facilitar la aplicación coordinada dentro de nuestro territorio.
Sin una intervención reguladora como la del reglamento de la UE en 2013, el consumo y la producción en la Unión Europea por sí solos harían que la deforestación aumentase unas 248.000 hectáreas cada año de aquí a 2030.
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