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Castilla-La Mancha lleva al Constitucional el reparto estatal de menores inmigrantes impulsado por Sánchez | |||
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MADRID/TOLEDO, 10 (SERVIMEDIA) El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció este martes que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto estatal que regula el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que fue impulsado por el Gabinete de Pedro Sánchez. La decisión fue comunicada por la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes en Toledo. Padilla explicó que la medida se fundamenta en un informe jurídico del Consejo Consultivo autonómico, que detecta un "quebranto del principio de coordinación" entre el Estado y las comunidades autónomas. "No podemos asumir nuevas competencias sin la financiación adecuada", subrayó. El recurso argumenta la ausencia de diálogo previo y la falta de consenso en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano encargado de coordinar las políticas de protección de menores. Padilla aseguró que "el acuerdo se adoptó sin escuchar a las comunidades autónomas y sin garantizar los recursos necesarios". Desde el Gobierno castellanomanchego se sostiene que la normativa estatal invade competencias exclusivas de las comunidades en materia de asistencia y protección de menores. El informe jurídico, fechado en abril, recomienda que la regulación se realice mediante ley orgánica y no mediante decreto ley, como ha hecho el Ejecutivo central. "FALTA DE PLANIFICACIÓN" "Nos preocupa la improvisación y la falta de planificación en una materia tan sensible como la protección de la infancia", recalcó la portavoz. Padilla denunció que Castilla-La Mancha "no recibe ni un euro" para atender a los más de 500 menores inmigrantes que ya acoge en su territorio. El Ejecutivo autonómico estima que solo el gasto en bienestar social para estos menores asciende a 26,6 millones de euros, a los que habría que sumar los costes de educación y sanidad. Padilla insistió en que la región siempre ha apoyado la acogida, pero rechaza "los cambios de última hora impuestos desde fuera y sin consenso". El recurso pretende, según la Junta, "garantizar el interés superior de la infancia y la correcta gestión de los recursos públicos". El Gobierno regional concluye que la medida estatal "rompe la lealtad institucional" y reclama una solución negociada y dotada de financiación suficiente. La Junta de Castilla-La Mancha espera que el Tribunal Constitucional valore sus argumentos y suspenda la aplicación del decreto mientras se resuelve el recurso presentado por la comunidad autónoma. |
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