MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a introducir cocaína en equipajes que llegaban al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para su posterior venta.
Según informó la Policía Nacional este martes, la organización introducía la droga a través de una persona que accedía al interior de las terminales del aeropuerto con un billete de bajo coste. Una vez dentro, el pasajero era guiado por alguien que aparentaba trabajar para el cuerpo policial hasta la cinta de recogida de equipajes, donde recogía la maleta con la droga, posteriormente, era acompañado hacia la salida del aeropuerto.
La investigación se inició el pasado mes de abril de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a una persona en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que portaba dos maletas procedentes de un vuelo de Santo Domingo que ocultaban 52 kilos de cocaína. La sorpresa de los agentes fue que dicho pasajero no había llegado en el mismo vuelo, sino que había accedido a las instalaciones con la intención de tomar un vuelo destino Bilbao.
Esta investigación confluyó con otra que estaba siendo desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Madrid sobre los mismos investigados. Por esta razón unificaron ambas para su desarrollo.
LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la investigación permitió relacionar a los investigados con siete envíos diferentes de droga desde Sudamérica al aeropuerto de Barajas, donde fueron detenidas un total de cinco personas que intentaban extraer las maletas con la cocaína.
Además de esto, el grupo también captaba mujeres jóvenes para que transportasen el dinero en efectivo, procedente de estas actividades ilícitas, en vuelos a la Isla de Lanzarote. Desde allí, transportaban el dinero a bancos situados en países fuera de la Unión Europea.
La investigación concluyó en noviembre del año pasado con la detención de cinco de los integrantes del grupo a los que se les imputaron delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
También se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en los que se incautaron 150.000 euros en efectivo un arma corta simulada, diversa documentación relacionada con la investigación, una cartera de criptomonedas, terminales telefónicos, así como el chaleco y una cartera con placa que usaba uno de los acusados para identificarse como perito judicial.
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