Bustinduy pide a ayuntamientos y autonomías que actúen contra el "descontrol y caos" de los pisos turísticos ilegales

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, emplazó este viernes a ayuntamientos y comunidades autónomas a que adopten las medidas necesarias para acabar con la situación de "descontrol y caos" que se ha generado en el sector de los pisos turísticos.

Así lo reclamó en declaraciones a los medios de comunicación realizadas en el marco de su reunión con representantes de los movimientos asociativos del Cabanyal, en Valencia, y en las que explicó que el motivo de su visita era "conocer de primera mano" la "realidad" de familias, trabajadores, estudiantes "que se están viendo expulsados de sus ciudades, que están viendo cómo sus barrios se convierten en parques temáticos".

"Y que están viendo cómo las administraciones, en lugar de tomar las medidas necesarias para proteger el derecho constitucional a una vivienda digna, durante demasiado tiempo han sido conniventes o han practicado incluso la dejación de funciones frente a la violación flagrante del derecho a la vivienda de la ciudadanía", denunció.

En este sentido, reivindicó que, "con sus competencias limitadas", el Ministerio de Consumo ha "demostrado" que "por supuesto que es posible actuar y exigir que se cumpla la legalidad". "¿Alguien podría imaginarse que en España operaran 65.000 bares o 65.000 tiendas sin licencia para ello?", se preguntó, en referencia a la cifra de anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en la plataforma de Airbnb que el ministerio ha ordenado a la multinacional bloquear.

"¿Por qué se ha consentido que con los pisos turísticos se genere esta situación de descontrol y de caos?", criticó, al tiempo que incidió en que su cartera "ha demostrado" que "es posible actuar y responder" a esta "demanda y clamor social absolutamente transversal" que "exige" la adopción de medidas para topar los precios de los alquileres y para "acabar con una crisis de la vivienda que está asfixiando a las familias trabajadoras de este país".

VOLUNTAD POLÍTICA

En este punto, quiso "exigir, una vez más", a las administraciones municipales y autonómicas que "ejerzan sus competencias, sancionen a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos, atiendan a las demandas de la sociedad civil y apliquen la Ley de Vivienda", convencido de que, en Valencia, "los precios de los alquileres abusivos podrían bajarse mañana mismo", porque "es una cuestión de voluntad política".

Por este motivo, pidió tanto a la alcaldía como a la Generalitat Valenciana que apliquen la Ley de Vivienda para topar los precios de los alquileres "abusivos" que, dijo, "están dificultando el acceso a la vivienda de la población trabajadora".

"Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda", apostilló, consciente de que "se ha mirado hacia otra parte durante demasiado tiempo" y de que resulta "intolerable" que haya "proliferado" un sector económico en el que unas "pocas" grandes empresas "obtienen unos beneficios y un lucro completamente obsceno a costa del derecho de la ciudadanía y sin respetar la normativa".

"Lo mínimo es que se respeten las leyes que están en vigor y, a futuro, por supuesto que es necesario intervenir políticamente el mercado de la vivienda y se necesita regulación", prosiguió.

LEY DEL MÁS FUERTE

A su entender, el de la vivienda "no puede ser un mercado donde reine la ley del más fuerte y, por tanto, hay que tomar medidas para asegurar el derecho constitucional a una vivienda", lo cual "implica también" la "regulación" de los pisos turísticos "para que el lucro y el interés de unos pocos no se imponga sobre el derecho de las mayorías".

En este contexto, puntualizó que, según los datos de la unidad de análisis del Ministerio de Consumo, "más de la mitad" de los pisos turísticos que se ofertan en grandes plataformas en la Comunidad Valenciana son "irregulares" y "no respetan ni cumplen con los requisitos de la normativa autonómica", situación que juzgó "absolutamente intolerable".

REGISTRO APARTAMENTOS

Por otra parte, en relación al recurso presentado por el Gobierno de Carlos Mazón contra el Registro Único de Viviendas Turísticas del Gobierno central al entender que invade competencias autonómicas, Bustinduy aseveró que "las competencias están para ejercerlas" y que "la primera competencia" que puede ejercer la Generalitat es "sancionar a las grandes empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos en esta comunidad".

"Es su competencia, es su normativa, es su responsabilidad: que lo hagan ya", exhortó, para, a continuación, preguntarse "a quién y qué interés están defendiendo" con ese recurso y urgir a "que antepongan la defensa de los intereses de la ciudadanía" a los de "aquellos que se están lucrando haciendo negocio a costa del derecho a la vivienda de la ciudadanía valenciana".