MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que avala el expediente de regulación de empleo (ERE) en MasOrange que firmaron la compañía y los sindicatos UGT y Fetico en octubre del año pasado, y que fijó la salida de 650 trabajadores de la compañía de telecomunicaciones.
Los sindicatos CCOO y USO presentaron demandas contra este ERE, por entender que este despido colectivo no está justificado, dados los últimos resultados económicos presentados por la compañía.
Sin embargo, la Audiencia ha estimado lo contrario, según el fallo difundido este martes por UGT. "Basta acudir al informe técnico para corroborar que concurre la causa económica invocada por la empresa. Existían pérdidas de más de 400 millones de euros a 30 de junio. Y que, al cierre, se preveían 583 millones de pérdidas a finales de 2024", señala el pronunciamiento judicial.
Estas causas económicas, productivas y organizativas fueron avaladas previamente por la Inspección de Trabajo, la Fiscalía y ahora por la propia Audiencia Nacional.
Según UGT, "la negación de esta realidad solo respondía al empecinamiento de quienes prefirieron alimentar el conflicto en lugar de afrontarlo con rigor".
Por otro lado, la sentencia también señala que las condiciones pactadas gracias al acuerdo alcanzado evitaron que la empresa aplicara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su forma más lesiva, con el mínimo legal de 20 días por año trabajado y 12 mensualidades como tope indemnizatorio.
El fallo recoge que "dadas las ventajosas condiciones indemnizatorias que se alcanzaron para los trabajadores afectados, muy alejadas de la indemnización básica estipulada para el despido por causas objetivas de veinte días por año de servicio", la plantilla se vio beneficiada por la intervención responsable del sindicato.
PREJUBILACIONES E INDEMNIZACIONES
El acuerdo entre la dirección y los sindicatos firmantes dejó la salida en 650 personas, frente a las 795 bajas inicialmente anunciadas por la compañía. Asimismo, estableció prejubilaciones para trabajadores de 56 y 57 años con antigüedad igual o superior a 9 años, y para personas de 58 a 62 con antigüedad igual o superior a 5 años.
Las indemnizaciones en el caso de los afectados con 63 años o más son de 20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades. Para el resto, se pactaron 45/33 días por año y 24 mensualidades de tope en el caso de las marchas forzosas, y de 47/34 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades para las voluntarias.
La empresa se comprometió además a "primas de enganche" que irán desde los 3.000 euros para personas con antigüedad menor a 8 años, 8.000 para personas con antigüedad entre 9 y 12 años, y 15.000 euros con antigüedad mayor a 12 años. El tope de indemnización es de 300.000 euros. La empresa también se ha comprometido a que no haya cláusula de competencia para los trabajadores que se marchan con el ERE.
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