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Los interventores y auditores del Estado se oponen a la petición de Gestha para ascender automáticamente a funcionarios técnicos

Agencias
sábado, 21 de noviembre de 2020, 17:45 h (CET)

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)


La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (Aiae) mostró este sábado su rechazo a la petición de los técnicos de Hacienda de Gestha para convertir automáticamente al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (subgrupo A2) en un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (Subgrupo A1).


En un comunicado hecho público hoy, la organización que representa a los interventores y auditores del Estado consideró “inadmisible” la petición de Gestha de ascender a un grupo de funcionarios “por la vía de una modificación legal”, al considerar que no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que caracteriza al acceso a la función pública, dado que los funcionarios del subgrupo A1 y A2 tienen que superar unas oposiciones distintas y su diferenciación “se fundamenta en el distinto nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar”.


La asociación explicó que la ley permite la promoción interna como acceso del Cuerpo Técnico al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado para quienes perteneciendo al grupo A2 tengan más de dos años de antigüedad y en el que “quedan eximidos de dos de los seis ejercicios de que se compone la oposición”.


En este sentido, la organización indicó que, en los últimos años, de las plazas ofertadas para acceder por promoción interna (25 puestos) se han quedado vacantes entre el 40% y el 80%.


“Es más, y como privilegio exclusivo del Ministerio de Hacienda, los funcionarios del subgrupo A2 que quieran promocionar al subgrupo A1 pueden solicitar un curso de formación de tres meses retribuido y sin trabajar para preparar los últimos ejercicios”, indicaron en el comunicado.


Además, la asociación argumentó que la petición de Gestha también supondrá un “elevado coste presupuestario y de tipo organizativo de notable entidad”, puesto que, aunque se defienda la propuesta por mejorar los datos de lucha contra el fraude, “eliminar de golpe a un grupo de funcionarios” provocaría que la Intervención General del Estado quede “mermada de manera notable” y las tareas que corresponden al Cuerpo Técnico queden “huérfanas de trabajadores para su realización”.


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