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MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) denunció este jueves que la tercera parte de las personas con discapacidad en España viven en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre.
Señaló que los últimos datos conocido revelan que el 17,7% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ingreso; el 16,9% no puede comprar medicamentos; el 8,5% habita en una vivienda precaria; el 6,2% no puede permitirse comer carne o pescado a diario, y el 48,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
En cuanto al género, casi tres de cada cuatro personas con discapacidad bajo el umbral de pobreza extrema son mujeres, y el 40% de los hogares donde viven mujeres con discapacidad solas ingresan menos de 500 euros mensuales.
En los países de ingresos bajos, las personas con discapacidad tienen un 50% más de posibilidades de experimentar dificultades financieras debido al gasto directo en salud, y el 98% de los niños no recibe ni educación ni rehabilitación.
Por todos estos motivos, Cocemfe ha lanzado la campaña 'Discapacidad es Pobreza', a fin de visibilizar la mayor prevalencia de este fenómeno en dicho grupo social, así como el agravamiento a causa de la pandemia de Covid-19.
Reclamó la puesta en marcha de mecanismos y medidas específicas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, fomentar su inclusión social y asegurar el cumplimiento de la legislación.
En la campaña se ofrecen los testimonios de cuatro personas de diferentes edades y territorios que sufren carencias materiales o personales por falta de empleo, precariedad en su vivienda o carencia de ingresos, todas ellas con situaciones provocadas o agravadas por su discapacidad. Según el presidente de cocemfe, Anxo Queiruga, la discapacidad suele suponer una serie de gastos extraordinarios en distintos servicios y productos para estas personas, que además tienen menos acceso al empleo y a la consecución de ingresos.
Todo esto aumenta su riesgo de pobreza, por lo que defendió un abordaje integral que garantice el acceso en igualdad a una educación inclusiva, a la accesibilidad física y cognitiva, al mercado laboral y a los servicios sociales y sanitarios.
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