|
MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El sindicato CCOO reclamó este jueves al Gobierno que el borrador del real decreto de Políticas Activas de Empleo incluya “la obligatoriedad de facilitar” el acceso al empleo a los trabajadores con discapacidad, “eliminando las barreras que todavía padecen” e incentivando su tránsito “de centros especiales de empleo o empresas de inserción a empresas ordinarias”.
El sindicato defiende su demanda como un “estímulo que resulta clave para su inserción social y laboral y para su desarrollo personal como ciudadanos de pleno derecho” y reclama que sea uno de los colectivos a los que se dirijan las subvenciones o incentivos para mejorar su empleabilidad, junto, por ejemplo, con el de los mayores de 45 años o parados de larga duración.
CCOO demanda además que la contratación sea en condiciones adecuadas y se prohíba el despido sin causas justificadas cuando el contrato está subvencionado. En caso de despidos procedentes, aboga por que el empleado que salga sea sustituido por otro trabajador o trabajadora con discapacidad.
En cuanto a las subvenciones en sí el sindicato defiende que se modulen “en función del tipo y grado de minusvalía, en la misma línea que se realiza con la subvención del coste laboral del Salario Mínimo Interprofesional” y apuesta por establecer “facilidades de acceso y cuantías dependiendo de si los centros tengan o no ánimo de lucro”.
En términos generales, CCOO sostiene que los incentivos generalizados “no aumentan el volumen total de empleo” ni pueden sustituir a las reformas estructurales para acabar con la temporalidad y el alto desempleo, como recuerda que puso de evidencia la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Según el sindicato se incentiva “prácticamente todo”, perdiendo su eficacia, por lo que aconseja establecer estas medidas de manera selectiva y limitar temporalmente su duración. Así, insta a subvencionar la contratación indefinida ordinaria a tiempo completo y que los incentivos se centren en la contratación de personas paradas de larga duración o baja cualificación, con especial atención a quienes que han agotado sus prestaciones por desempleo, mayores de 45 años, las personas en riesgo de exclusión social, trabajadores con discapacidad y personas víctimas de violencia de género.
Asimismo, aconseja centrarlo en aspectos concretos o colectivos “ajustados a la realidad del territorio, que incluyan situaciones no contempladas en el ámbito estatal”, y vinculados al mantenimiento de plantillas estables y a la reducción de la temporalidad.
| 
