El Cermi defiende el fin del ‘copago confiscatorio’ en dependencia por tercera vez en el Congreso

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió este martes en el Congreso de los Diputados la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2015 para reformar la Ley de la Dependencia y acabar con el “copago confiscatorio” que dicha norma impone a los usuarios del sistema.

Manifestó que esta es “ya la tercera vez” que interviene en comisión para defender la toma en consideración de esta ILP, que aunque fue admitida a trámite las dos veces anteriores, “decayó a causa de la inestabilidad política e institucional”.

En su opinión, “estos cinco años de demora han generado frustración y decepción en el sector” de la discapacidad y la dependencia, por lo que “esperamos que esta sea la definitiva”. Por eso, el presidente del Cermi pidió el respaldo de todos los grupos de la Cámara a la ILP, que en su día apoyaron casi 740.000 personas.

A su juicio, la generalización del copago entre los usuarios del sistema de dependencia provoca que, en la práctica, no se asegure “el ejercicio y la garantía del derecho, sino la compra del derecho”; “expulsa a parte de los usuarios que no lo pueden asumir; desincentiva la autonomía económica, pues “cuanto más tienes, más pagas”; “en épocas de crisis empuja a las administraciones a hacer recaer la financiación del sistema en los beneficiarios”, y “genera graves diferencias de trato entre territorios”. Además, prosiguió, “el copago en dependencia irradió a otros servicios y prestaciones sociales, que no tenían copago o lo tenían en menor proporción”.

Por todo ello, pidió reformar la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, para introducir “una serie de criterios comunes en la determinación de la capacidad económica y la participación en el coste de los servicios de las personas “iguales y vinculantes para todas las administraciones”, que después se deberán regular mediante desarrollo reglamentario y podrán ser mejorados por las comunidades autónomas, “con miras a la gratuidad total”.

Entre estos criterios, Luis Cayo Pérez Bueno propuso dejar exentas de todo copago a aquellas personas cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el Iprem (1.344,5 euros), que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona.

El presidente de Cermi consideró que con la inclusión de estos criterios se podría poner fin a uno de los aspectos “más controvertidos y conflictivos de la Ley de Dependencia”, que “ha lastrado el sistema desde que nació, hace casi 15 años”. Por todo ello, reclamó “el respaldo unánime” a la toma en consideración de la proposición de ley, con independencia de que se pueda mejorar a lo largo del trámite parlamentario.